Mariano Jabonero empezó haciendo prácticas en un colegio del barrio madrileño de Aluche y ha pasado por casi todos los puestos del escalafón educativo (maestro de escuela, profesor universitario, inspector, alto cargo del Ministerio de Educación, ejecutivo de la Fundación Santillana…) hasta convertirse en el máximo responsable de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el equivalente a la Unesco para América Latina.
La OEI se encuentra trabajando para elevar la calidad de la enseñanz
Los agentes de la Policía Nacional que participaron en marzo de 2019 en la detención de María Sevilla, ex presidenta de Infancia Libre, acusada de un delito de sustracción de menores, han relatado en el juicio que se celebra en Madrid el estado en el que se encontraban sus dos hijos, a quienes tenía sin escolarizar, ocultos en una finca de Villar de Cañas (Cuenca).
“Había operaciones en las ventanas y versos de la Biblia en las paredes. Nos impactó la palidez de los niños y que la niña -hija con su actual pareja- hacía cosas raras, gestos y sonidos, imitando al perro olfateando el aire”, ha narrado uno de los agentes en el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal número 23 de Madrid.
María Sevilla está acusada de un delito de sustracción de menores dentro de la causa penal abierta a instancias de su ex marido por hacer desaparecer en 2017 a su hijo cuando debía entregarlo por orden judicial a su padre.
La Fiscalía de Madrid solicita una pena de tres años y medio de prisión y otros cinco de inhabilitación de la patria potestad. La acusación particular en nombre de su ex marido eleva la solicitud a cuatro años y medio, mientras que su defensa pide la libre absolución.
Alega informes médicos
En la vista, la acusada ha explicado que en febrero de 2017 abandonó el domicilio al tener la custodia del hijo que tuvo con su ex marido, manifestando que no tenía constancia del auto por el que un juez la obligaba a entregar al pequeño. Según su versión, no se le notificó la resolución.
Además, ha hecho alusión a varios informes médicos de la Seguridad Social que desaconsejaron que el pequeño estuvieran con su padre. “Todos recomiendan el no contacto del hijo. Solo hay uno que dice que no hay abusos, mientras ha estado alejado de su padre ha estado perfectamente”, ha recalcado y ha añadido que incluso el niño “presenta retrasos cuando tiene contacto con el padre”.
El padre del niño ha explicado que en 2017 tenía la custodia de su hijo pero éste estaba en paradero desconocido. “Todos los domicilios que aportó la madre no existían o nunca había estado la madre ahí. Desde que desapareció del colegio de Villanueva de la Cañada, se realizaron búsquedas por parte de la Guardia Civil y no fue posible encontrarle”, ha relatado.
También ha manifestado que a su hijo no se le vacunó y que empezó a faltar al colegio de Granada al que se lo llevó la madre desde finales de 2016. “Al colegio de Granada fue 15 días y por problemas de salud no volvió. Me reuní con la psiquiatra y me dijo que nunca había visto a S., solo a la madre y unas cartas escritas supuestamente por él”, ha apuntado.
El relato de los policías
En la prueba testifical, los policías han relatado que localizaron el coche de la madre en una zona de Cuenca, siguiendo al vehículo tras dar con él en una rotonda y que les llevó a una finca.
Tras tirar la puerta de la casa se encuentran con la mujer y sus dos hijos en una habitación. “Había operaciones en la ventana, versos de la Biblia en la ventana. El niño estaba pálido como si no le hubiera dado la luz del sol”, ha señalado, agregando que la niña que tenía con su actual pareja hacía “cosas raras”.
“Me dice el hijo que su padre no le quiere porque se lo ha dicho Dios. Que su abuelo abusaba de su padre porque se lo había dicho Dios”, ha narrado. Según su relato, nunca vieron a los niños salir de la casa en todas las vigilancias.
La otra causa de María Sevilla
María Sevilla también estuvo inmersa en otra investigación abierta por la Fiscalía por la existencia de una supuesta trama criminal y que fue archivada al no haber “datos objetivos” para poder asegurar que Infancia Libre funcionaba como una organización ilícita.
Los hechos se remontan al 7 de diciembre de 2017, cuando el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Valdemoro dictó un auto en cuya virtud se acordó atribuir la guarda y custodia de un menor de 10 años de edad a su padre.
La acusada debía proceder a la entrega del niño en el plazo de dos días. Sin embargo, según el fiscal, “la acusada era plenamente conocedora de la indicada resolución judicial, luego confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid”.
La mujer hizo caso omiso y se llevó consigo al menor con la intención de “no entregarlo en ningún momento al padre, instalándose la acusada y el menor juntos en diferentes puntos de España, sin que nunca el padre del menor tuviera conocimiento del lugar en que éste se encontraba”.
El hijo de la acusada
“La acusada ocultó su localización y la de su hijo menor, impidiendo con ello la acusada que el menor estuviera con su padre así como que este ejerciera los derechos y deberes inherentes a la custodia que le correspondían”, señala el fiscal.
Tras decretarse la detención de María Sevilla, la acusada y el menor fueron localizados el 30 de marzo de 2019 en una finca situada en la localidad de Villar de Cañas, “practicándose por agentes de Policía Nacional la entrada en la misma con autorización judicial, lugar donde fue detenida la acusada, procediéndose inmediatamente a la entrega del menor a su padre, para dar cumplimiento a la resolución judicial”.
El Juzgado de Instrucción 27 de Madrid dictó un auto en abril de 2019 por el que prohibía a la mujer acercarse a su hijo, a menos de 200 metros, o a su domicilio, colegio o lugar de estudio, o donde pudiera encontrarse transitoriamente.
Dicho auto fue reformado por otro de fecha 27 de junio de 2019, por el que se modificaba la indicada medida cautelar en el sentido de autorizar a la acusada las visitas al menor, supervisadas, en el punto de encuentro más próximo al domicilio del menor.
El mes de octubre se estrenará con un “cambio brusco” del tiempo que se prolongará durante todo el fin de semana y los primeros días de la próxima semana a consecuencia de una borrasca muy profunda bautizada como Alex que afectará a la Península y Baleares con un “intenso” temporal de viento y oleaje, lluvias fuertes, acompañadas de tormenta y que serán persistentes en numerosas zonas y en forma de nieve en áreas de alta montaña; todo ello acompañado de un descenso acusado y generalizado de las temperaturas.
El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, ha informado que la situación es consecuencia de la formación de una borrasca en el Atlántico, al noroeste de Galicia, que se desplazará hacia el entorno del Canal de la Mancha y donde llegará el viernes por la mañana.
Así, ha añadido que mientras se desplaza hacia esa zona, sufrirá una rápida intensificación que se conoce como “ciclogénesis explosiva” ya que la presión atmosférica en su centro descenderá más de 12 hectopascales en doce horas, que es el límite estimado para hablar de este tipo de procesos. En concreto, Del Campo ha subrayado que Alex es una borrasca profunda que se intensifica por el proceso de ciclogénesis explosiva y causará un temporal intenso.
En concreto, ha indicado que “los primeros efectos” se empezarán a notar desde este mismo jueves, pero previamente un sistema frontal atravesará la Península desde el noroeste al sureste y dará lugar a la entrada de aire procedente del Atlántico norte “más frío e inestable” que el de este ‘veranillo de San Miguel o del Membrillo’ que está dejando temperaturas más altas de lo normal para la época.
El portavoz pronostica que desde primeras horas del jueves lloverá en Galicia, con intensidad, y en las comunidades cantábricas y después se extenderán esas precipitaciones a Pirineos y al nordeste de Cataluña, donde podrán producirse tormentas.
En el resto de la mitad norte y en la zona centro también lloverá y puede haber también lluvias y chubascos en los sistemas Central e Ibérico. Los vientos soplarán fuertes de componente oeste en el área cantábrica, donde podría haber incluso rachas muy fuertes superiores a los 80 o 90 kilómetros por hora, igual que en el área de Alborán. En Canarias, este jueves soplarán vientos alisios que serán localmente intensos y lluvias en el norte de las islas más montañosas.
No obstante, ha advertido de que el jueves, lo más destacado será el descenso de las temperaturas, que caerán entre 6 y 8 grados centígrados en puntos de los tercios norte y oeste peninsular. Por el contrario, en el litoral mediterráneo y en el interior de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia subirán las temperaturas y podrían incluso superar los 34 grados centígrados en el interior de esas áreas, mientras que en Galicia y las comunidades cantábrcias no se superarán los 17 a 19 grados centígrados de máxima.
Del Campo ha advertido de que el viernes será una jornada “complicada” porque el centro de la profunda borrasca ya se habrá situado sobre el Canal de la Mancha desde donde ejercerá su influencia sobre la Península y Baleares y enviará un nuevo sistema frontal que provoca*ra precipitaciones generalizadas. “Lloverá prácticamente en todas las regiones, salvo en los litorales de Murcia y Almería, donde si lo hace será de manera muy débil”, ha añadido.
En todo caso, en la provincia de Huelva las lluvias se irán extendiendo de noroeste a sureste de la Península y al final del día llegarán también a Baleares serán persistentes. Asimismo, ha destacado que durante buena parte de la jornada, en Galicia, las comunidades cantábricas, noroeste de Castilla y León, norte del Sistema Ibérico interno de los Pirineos, zonas en las que avisa de que se podrán superar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas y que las precipitaciones podrán ser localmente fuertes, con más de 15 o 20 litros por metro cuadrado en una hora. También se esperan chubascos fuertes por la tarde noche en puntos de Cataluña y Baleares.
Las temperaturas el viernes seguirán bajando de modo que los valores más bajos del día se producirán al final del día. La bajada térmica será “generalizada y notable” de hasta 8 o 10 grados centígrados respecto al jueves.
En la meseta norte norte y en buena parte del interior de la mitad este peninsular habrá heladas a últimas horas del día en zonas de montaña y en general los termómetros quedarán entre 9 y 12 grados por debajo de los de este miércoles, último día del veranillo de San Miguel.
Del Campo ha añadido que en buena parte del interior de la mitad norte, las temperaturas estarán entre los 14 y los 18ºC y en general se hablará de valores entre 3 y 5 grados centígrados por debajo de lo normal para la época e incluso entre 5 y 10 grados menos en puntos del tercio norte.
“Con estas temperaturas tan bajas, no es de extrañar que aparezca la nieve en zonas de montaña de la mitad norte al final del día a cotas superiores tan sólo 1.200 a 1.400 metros”, ha agregdo.
Otro fenómeno adverso que afectará el viernes serán los vientos intensos del noroeste, que soplarán fuertes en la mayor parte de la Península y las rachas pueden ser muy fuertes también de manera generalizada, es decir que superarán los 70 kilómetros por hora e incluso los 80 a 90 kilómetros por hora en amplias zonas y en puntos elevados.
Igualmente espera un “importante temporal marítimo” con olas de hasta 6 metros en el Cantábrico y olas de hasta 4 metros en el Mediterráneo.
En cuanto al fin de semana, ha adelantado que el sábado las lluvias ya serán menos abundantes y afectarán sobre todo al extremo norte, aunque también podría hacerlo de forma más aislada en puntos de montaña del norte y del centro de la Península. Las precipitaciones serán persistentes y localmente fuertes en el Cantábrico oriental y en Pirineos.
El portavoz ha añadido que la cota de nieve seguirá baja, de modo que estará en torno a los 1.400 metros pero al final del día subirá hasta 1.700 metros. De nuevo las temperaturas seguirán bajas e incluso el sábado lo estarán un poco más en el área mediterránea.
Respecto al domingo, ha pronosticado la llegada de un nuevo sistema frontal que intensificará las precipitaciones en el tercio norte, de manera que podrán ser fuertes y persistentes en Galicia y en el resto de las comunidades cantábricas. También ha dicho que afectarán de forma más débil a otros puntos del norte y centro peninsular.
Lo que mejorará el domingo según Del Campo serán las temperaturas, que empezarán a recuperarse en un proceso que seguirá los siguientes días.
Por otro lado, sobre Canarias ha apuntado que el fin de semana habrá régimen de vientos alisios con algunas rachas fuertes y lluvias en el norte de las islas más montañosas.
Los vientos del fin de semana serán de componente oeste y noroeste seguirán soplando fuertes en general, con especial intensidad en zonas litorales y de montaña.
“La situación de inestabilidad, con lluvias principalmente en el tercio norte y vientos con rachas fuertes en muchas zonas, se mantendrá durante los primeros días de la semana”, ha avisado Del Campo que insta a los ciudadanos a estar pendientes del pronóstico del tiempo.
Navarra ha registrado esta noche movimientos sísmicos de magnitudes muy superiores a las de días anteriores, como el ocurrido a las 00:02 horas con una magnitud de 4,6 grados en la escala de Richter, al que le ha seguido otro de 4,4 grados y dos más de 3,8 grados y 3,4 grados en la escala de Richter, todos ellos con epicentro en Lizoáin.
Los tres se han sentido de forma notoria en numerosas localidades de la Comunidad Foral y el primero de ellos, con epicentro en Lizoain y a un kilómetro de profundidad, también se ha notado en regiones limítrofes como Aragón, La Rioja o el País Vasco e incluso en Cataluña.
Así, además de en localidades próximas de la cuenca de Pamplona, ese terremoto se ha percibido en otras poblaciones navarras tan distantes como Tudela, Estella-Lizarra, Lesaka o Isaba, llegando incluso a sentirse en San Sebastián, Logroño, Zaragoza, Huesca o Barcelona.
Tras ese temblor, según el Instituto Geográfico Nacional, se ha registrado otros a las 00:11 y a las 00:23 de 1,9 grados, seguidos a las 00:54 horas de otro movimiento de 3,4 de intensidad, ambos con epicentro en la misma zona.
Posteriormente a la 1:37 se ha producido un nuevo temblor de 3,8 grados y epicentro igualmente en Lizoáin.
A través de las redes sociales ha habido personas que han relatado cómo en sus viviendas se han caído cosas de las estanterías, sin que por el momento se tenga constancia de mayores incidencias.
Previamente, a las 23:46 horas se había registrado otro movimiento sísmico en ese caso de 1,5 grados de magnitud y epicentro en el Valle de Egüés y otro a las 20:44 horas con epicentro en Zabalza.
La resolución publicada este jueves por el BOE, recogiendo el acuerdo anunciado por el Consejo Interterritorial de Sanidad, detalla los umbrales que trataron el martes la Comunidad de Madrid y el Ministerio que dirige Salvador Illa para proceder a la restricción de la movilidad. Rechazado ayer por Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia y Cataluña, el Gobierno insiste en imponerlo, vía decreto ministerial. De ejecutarse, las medidas deberían implementarse «de forma urgente» en ciudades de más de 100.
La Justicia francesa decidió este miércoles la entrega a España de José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, por el sumario de la financiación de ETA a través de las herriko tabernas.
La sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París comunicó al ex dirigente etarra -que se encuentra en libertad condicional- que tiene ahora tres días para recurrir ante el Supremo.
Su eventual entrega a España, en todo caso, quedaría diferida a la resolución de los distintos casos que tiene pendientes con la Justicia francesa.
La Audiencia Nacional española lo imputó por pertenencia a una organización terrorista por hechos de 2000 y 2001 y podría ser condenado a una pena de nueve años de prisión.
Urrutikoetxea, que acudió a la audiencia con vaqueros, una chaqueta impermeable azul oscuro y una mascarilla blanca, estaba esta vez asistido, además de por sus letrados franceses, por Gonzalo Boye, el abogado de Carles Puigdemont y de Quim Torra.
La sala de instrucción ya dio su visto bueno en enero para la entrega a España del veterano ex dirigente terrorista para ser juzgado por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza en 1987.
Josu Ternera, de 69 años, recurrió esa decisión ante el Tribunal Supremo, que debe organizar una audiencia en las próximas semanas, para la que la Fiscalía presentó este martes sus conclusiones.
Está pendiente de resolución en la misma sala de instrucción otra demanda de extradición española contra él por el asesinato de un directivo de Michelin en 1980. Esa instancia judicial rechazó el 1 de julio la entrega de Urrutikoetxea para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad, un delito por el que también lo había reclamado la Audiencia Nacional.
La Fiscalía de Madrid ha archivado la investigación abierta tras denuncia del PSOE contra Vox por la publicación en su cuenta oficial de Twitter de mensajes que consideraba constitutivos de un delito de injurias al Gobierno. El Ministerio Público, por tanto, descarta llevar la denuncia a un juzgado.
La fiscal que ha examinado el caso afirma que “a pesar de lo criticable” que pudiera ser la forma en que se emitieron los menajes, estos se enmarcan en la “crítica política”, además de considerar que la supuesta ofensa no tendría la entidad suficiente para suponer un delito de injurias.
La denuncia se refería a dos tuits aparecidos en la cuenta @vox. El primero era un vídeo en el que se ve un garaje lleno de ataúdes alineados acompañado del texto: “Las imágenes que el Gobierno quiere ocultar y las televisiones gubernametales no emiten. El resultado de sus negligencias, sus ocultaciones y sus mentiras. DEP todos los españoles caídos en esta tragedia”.
En el segundo se leía el siguiente texto: “Los españoles están haciendo muchas imágenes de manera espontánea. Esta retrata perfectamente el dolor de esta tragedia que el gobierno y sus satélites mediáticos pretenden ocultar”. Le acompaña una fotografía de la Gran Vía de Madrid vacía de personas y llena de ataúdes cubiertos con la bandera de España. La imagen del fotógrafo Ignacio Pereira había sido usada sin su consentimiento.
En la decisión de archivo, la Fiscalía indica que las imágenes responden “a la elevada mortandad existente en esos días, lo que es una realidad objetiva”. En cuanto a los textos que las acompañan, que trasladan la idea de “falta de información real por parte del Gobierno” con expresiones como “ocultación” o “mentiras”, contienen “una crítica expresa a la gestión de la crisis”, lo que se detecta en el uso de la palabra “negligencia” para referirse a la responsabilidad respecto a los fallecimientos.
“Crítica política”
“Contextualizando dichos mensajes, tanto por la fecha en la que se publicaron los tuits (2 de abril) como por el emisor de los mismos, hemos de concluir que se utilizan imágenes impactantes que pueden generar desconfianza hacia la información oficial proporcionada y hacia la gestión gubernamental de dicha situación, lo que puede enmarcase dentro del concepto de crítica política, toda vez que es el partido político Vox el emisor de dichos mensajes” añade la Fiscalía.
El escrito de archivo explica que la crítica política, “como elemento fundamental para la conformación de la opinión social”, puede confundir cuando se hace de forma no responsable en la medida que las falsificaciones informativas sobre hechos y noticias impiden el conocimiento de la realidad y, por tanto, del pensamiento crítico, “lo que puede potenciar la quiebra ética de la convivencia social”. Sobre los tuits concretos de Vox, la Fiscalía señala que pueden ser objeto de censura por la forma utilizada, “que diluye su verdadera función constructiva”. Ahora bien, eso no excluye que su finalidad sea la “legítima” crítica política a la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus que en ese momento estaba desarrollando el Gobierno.
Los ataques de miembros del Gobierno al Rey y la posibilidad de que terminen forzando al jefe del Estado a indultar a los líderes del procés en contra de la sentencia del 1-O está provocando una fuerte movilización empresarial.
Tanto el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, como el del Círculo de Empresarios, John de Zulueta, coinciden en declaraciones a EL MUNDO que la desestabilización de la Corona perjudica la imagen del país ante la comunidad inversora en un momento de grave recesión. «Me
El impacto de la crisis sanitaria causada por el Covid-19 también se ha hecho notar en las demandas de disolución matrimonial presentadas en el segundo trimestre de 2020, el más afectado por la declaración del estado de alarma y la consiguiente paralización de la actividad judicial. El número de total de separaciones y divorcios presentados se redujo en un 42,1% respecto al segundo trimestre de 2019, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La desescalada escalonada en la administración de justicia, la necesidad de adoptar medidas de seguridad e higiene en los juzgados y la persistencia de la incidencia de la pandemia han hecho que las características de la disminución de todos los indicadores en ese trimestre sean tan diferentes a las de cualquier otro periodo anterior que es imposible extraer conclusiones de los datos que se presentan, y aconsejan tomar con cautela las variaciones interanuales.
En el segundo trimestre de 2020, se han observado disminuciones interanuales superiores al 40% en todas las formas de disolución matrimonial. Las 9.552 demandas de divorcio consensuado son un 41,8% menos que las presentadas en el mismo trimestre de 2019. Las 6.264 demandas de divorcio no consensuado son un 42,4% menos.
Por lo que respecta a las demandas de separación, las 446 demandas de separación consensuada representan un 46,4% menos que un año antes y las 214 no consensuadas, un 41,7% menos que las presentadas el mismo periodo de 2019. Finalmente, el número de demandas de nulidad, 19 en total, ha descendido en un 20,8% respecto a las presentadas en el segundo trimestre de 2019.
Canarias, a la cabeza
Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2020, vemos que el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se ha dado en Canarias, con 5,3. Junto con Murcia, 54,2; la Comunidad Valenciana, 5; Cataluña, 4,9; Islas Baleares, 4,7; La Rioja, 4,6; Andalucía, 4,5; y Cantabria, 4,4, todas ellas superan la media nacional, que es de 4,3. Las más bajas, se han dado en Madrid, con 3,4 demandas de disolución matrimonial por cada 10.000 habitantes; Castilla y León, 3,7; Aragón y Galicia, 3,8; y Extremadura y País Vasco, 3,9.
También todas las demandas de modificación de medidas, tanto matrimoniales como no matrimoniales, han experimentado importantes disminuciones respecto al segundo trimestre del año 2019.
Las demandas de modificación de medidas consensuadas, de las que se han presentado 1.846, se han reducido un 41,9%, y las demandas de modificación de medidas no consensuadas, 5.880, lo han hecho un 37,6% respecto al mismo trimestre del año pasado.
Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, 3.542, han tenido una disminución interanual del 34,2%, mientras que las no consensuadas, 4.387, han mostrado una disminución del 39,9%.
Más de 700 profesores de universidades, institutos y colegios, además de expertos y académicos, han firmado una carta en la que le piden a la ministra de Educación, Isabel Celaá, que tome medidas frente a las políticas lingüísticas que se aplican en escuelas de Cataluña, Baleares, la Comunidad Valenciana, País Vasco, Navarra y Galicia, donde, denuncian, se “lesionan gravemente los derechos lingüísticos de menores, padres y profesores castellanohablantes”.
La misiva la firman, entre otros, el miembro de la RAE Pedro Álvarez de Miranda, el ex secretario de Estado Luis Alberto de Cuenca, el microbiólogo César Nombela, el escritor Andrés Trapiello, el filósofo Fernando Savater o los catedráticos Francisco J. Llera, Gabriel Tortella, María Elvira Roca Barea y Teresa Freixes. Ha sido promovida por el Foro de Profesores, una asociación creada para dar respuesta a la propaganda del separatismo catalán en las universidades y en los medios de comunicación internacionales.
En ella se reclama al Gobierno que “garantice los derechos lingüísticos” de los castellanohablantes en las comunidades autónomas con lengua cooficial y se considera “inaceptable” que “servidores públicos utilicen la política lingüística como herramienta de confrontación política y, más aún, cuando las víctimas son menores”.
El Congreso se encuentra tramitando la ley Celaá, que deja en manos de las autonomías garantizar que sus alumnos reciban o no alguna enseñanza en castellano. Serán ellas las que “aplicarán los instrumentos de verificación, análisis y control propios del sistema educativo” y serán los propios colegios los que “adoptarán las medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran existir”. La norma no contempla ningún mecanismo para garantizar la enseñanza en castellano si las CCAA y los centros no quieren hacerlo. Una enmienda presentada la semana pasada por el PSOE y Unidas Podemos va a dar más protagonismo a la Inspección, pero no para cuestiones lingüísticas.
Los autores de la carta se temen que esta ley, en un contexto en el que el Gobierno está haciendo concesiones al separatismo catalán para recabar su apoyo en los Presupuestos, empeore aún más la situación en la que se encuentran escuelas de varias autonomías.
Recuerdan que en el IES Sant Agustí de Ibiza se impidió a un profesor expresarse en castellano, tal y como publicó EL MUNDO, con el argumento de que “la lengua vehicular del centro a todos los efectos (clases, reuniones con alumnado, profesorado y familias) es el catalán” y sus normas de funcionamiento “están por encima de los derechos individuales”.
Los firmantes piden la dimisión del director de este centro educativo, recalcan el hecho de que la dirección haya “reconocido por escrito que sus profesores no pueden español” y denuncian que “prime un reglamento de régimen interior sobre los derechos individuales” de las personas.
Añaden que este caso “es sólo la punta del iceberg”. En Cataluña, los proyectos lingüísticos de 2.214 centros educativos evidenciaron que en casi ninguno de ellos se prevé impartir el 25% de las horas en castellano que dictaminaron los tribunales, tal y como documentó la Asamblea por una Escuela Bilingüe. En la Comunidad Valenciana, hay miles de familias contrarias a la Ley del Plurilingüismo, “especialmente en las zonas castellanohablantes, donde se ha reducido la enseñanza en esta lengua”.
También mencionan a los padres que llevaron a los tribunales al Ayuntamiento de Pamplona, gobernado por EH Bildu, cuando anuló, en 2016, todas las plazas de español de las escuelas públicas Donibane y Fuerte del Príncipe, afectando a 200 menores de cero a tres años que se vieron desplazados a otros centros cuatro días antes de que se iniciase el periodo de matriculación.
Y tampoco se libra Galicia, gobernada por Alberto Núñez Feijóo (PP), donde un profesor del Conservatorio Profesional de Música de Vigo fue requerido por la dirección del centro, por la Inspección Educativa y por el jefe territorial de Educación para que dejase de utilizar el español en sus comunicaciones escritas.
“Los derechos no son de las lenguas, son de las personas”, le dicen los firmantes a la ministra, antes de pedirle una entrevista “para tratar este tema con la profundidad que merece”.
