Adelantan dos años el juicio cuyo retraso estaba estudiando el Tribunal Constitucional
El juzgado número 11 de lo Social de Sevilla ha adelantado casi dos años la celebración del juicio sobre cuyo retraso tenía previsto pronunciarse en los próximos meses el Tribunal Constitucional. Así lo la comunicado este lunes el abogado que lleva el asunto, Daniel Sánchez Bernal.
El junio del año pasado, el letrado presentó una reclamación de indemnización contra la Universidad de Sevilla por no formalizar un contrato posdoctoral. En julio, el juzgado comunicó que el asunto se estudiaría el 7 de noviembre de 2024, es decir, pasados tres años y cuatro meses después de la admisión a trámite de la demanda.
Los intentos de que el juzgado adelantara la fecha no surtieron efecto, y el abogado presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El 97% de este tipo de recursos no llega siquiera a estudiarse, pero en este caso el TC resolvió admitirlo a trámite para comprobar si su doctrina sobre el derecho a una tutela judicial efectiva «podría estar siendo incumplida de modo general y reiterado por la jurisdicción ordinaria».
Según el abogado, ha podido comprobar a través de “Consulta de Estado de Procedimiento Judicial Profesionales” que ofrece la Sede Judicial Electrónica que hace unos días se actualizó la fecha de juicio, fijándola para el próximo 1 de diciembre. Un adelanto de casi dos años.
Lentitud de la Justicia
Es posible que el adelanto suponga que el Constitucional acabe por no abordar a fondo este caso concreto, pero otros no faltarán. Juzgados de lo Social de Sevilla, saturados de procedimientos, están señalando juicios para marzo de 2026. Eso sucedió recientemente en el juzgado número 2 de la ciudad con el caso de un trabajador que reclamaba a su empresa algo más de 8.000 euros.
Precisamente los asuntos de reclamación de cantidades en el ámbito laboral son una de las categorías en las que la justicia es más lenta de lo habitual, según los datos sobre estimación de la duración de procedimientos que ofrece anualmente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El mismo órgano de gobierno de los jueces ofreció el año pasado una encuesta en la que el 75% de los españoles suscribía la afirmación de que «la administración de Justicia es tan lenta que siempre que se pueda vale más evitar acudir a ella». En la primera encuesta en democracia sobre la materia, en 1982, la cifra obtenida por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) era muy similar.