El próximo 24 de julio se cumplirán ocho años del grave accidente del tren Alvia que dejó 80 muertos y 144 heridos en el barrio de Angrois, a las afueras de Santiago de Compostela.

A poco más de tres meses del aniversario, la Audiencia Provincial de La Coruña ha confirmado el cierre de la investigación de lo ocurrido en 2013, decisión contra la que ya no cabe presentar recurso y, por lo tanto, es definitiva.

Este cierre llega una vez que la Sección Sexta de la Audiencia Provincial haya rechazado los recursos presentados contra el auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela que puso fin a la investigación el pasado mes de septiembre.

Era ya el segundo cierre de la investigación, pues previamente, en diciembre de 2018, el juez había tomado la misma decisión, si bien en noviembre de 2019 se reabrió al haber aparecido nuevas pruebas que convenía indagar.

Garzón y Cortabitarte

Tras practicar nuevas diligencias en el último año, en septiembre el juzgado volvió a cerrar la instrucción y ahora la Audiencia lo confirma.

Dos años y medio después del primer cierre, esta nueva decisión llega para refrendar la inicial, esto es, que tan solo hay dos investigados en la causa: el maquinista del tren el día del accidente, Francisco José Garzón Amo, y el director de Seguridad en la Circulación de Adif en el momento de puesta en funcionamiento de la línea en la se produjo el siniestro, Andrés Cortabitarte.

La causa, por lo tanto, entra ya en la recta final y se seguirá contra ambos investigados por si los hechos que se les imputan fueran constitutivos de 80 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y de 144 de lesiones por imprudencia grave profesional.

El caso se había reabierto tras aportar la Plataforma Víctimas Alvia 04155 como prueba una declaración jurada de un mecánico de la empresa Talgo, que aseguraba que horas antes del accidente había detectado diferentes averías y, media hora después del descarrilamiento, directivos de Talgo le ordenaron borrarlas del sistema.

Sin “indicios de mínima consistencia”

Tras citar a declarar a diversos testigos, el instructor concluyó que no aportaban datos relevantes a la investigación, y el tribunal provincial ahora lo confirma y concluye que “no hay motivos que justifiquen” que prosiga la investigación para incidir en un factor de cuya relevancia no hay “indicios de una mínima consistencia”.

Los magistrados concluyen también que existe una causa, “cuyo basamento en terminantes y plurales indicios no resulta cuestionable”, la “velocidad excesiva para la curva en la que se salió el tren de la vía”.

El tren circulaba a 179 km/h en una curva limitada a 80 km/h y esa velocidad, según los jueces, es “apta por sí sola para generar el descarrilamiento”.

El abogado del maquinista del Alvia pedía al juzgado que se archivase la causa contra él, pero la Audiencia lo descarta, afirmando que “infringió indiciariamente el deber de cuidado que personalmente le competía”.

Negligencia: la velocidad

El Libro Horario y el Cuadro de Velocidades Máximas del tren establecían que al llegar a la curva donde el tren descarriló debía asegurase de circular a la velocidad indicada, 80 km/h, aunque no existieran otras limitaciones de velocidad previas a tal punto.

La imprudencia de no atender ese deber, según los magistrados, “provocó el descarrilamiento del tren al no respetar esa velocidad máxima permitida”.

Para los magistrados, su “negligencia” debe calificarse provisionalmente como “grave o temeraria”, porque de sus actos dependía “la vida e integridad física de las personas transportadas” .

El abogado del ex director de Seguridad en la Circulación de Adif, por su parte, pedía que la Audiencia considerase que la imprudencia de este cargo en el momento de puesta en marcha de la línea fuese considerada como leve, pero los magistrados tampoco escucharon su petición y pusieron de relevancia la “enorme lesividad del resultado” y la “relevancia de la actuación del investigado”.

El sistema ERTMS

Los magistrados ven indicios que respaldan la existencia “de un riesgo especial de descarrilamiento que no fue percibido y atendido por Adif” a la hora de poner en marcha la línea y adoptar la decisión de eliminar del proyecto inicial el sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario ERTMS. El auto sostiene que al hacerlo se produjo un “incremento del riesgo”.

Las víctimas del Alvia pedían, en sus recursos, que también estuviesen investigados en esta causa cargos de Renfe por no cumplir con su deber de inspección del cumplimiento por parte de Adif del control de riesgos en la infraestructura, pero los magistrados de la Audiencia rechazan la petición afirmando que no era de su competencia.

Las víctimas del Alvia, basándose en informes técnicos, cuestionan dos decisiones en relación con el ERTMS: la eliminación del proyecto inicial de la línea y la desconexión del si embarcado en el propio tren.

La Audiencia, sin embargo, descarta investigar a ningún cargo de Renfe o Adif por esa decisión, pues entiende que, ante la inexistencia previa del ERTMS en la infraestructura, que atribuye a Cortabitarte, “no suponía incremento alguno del riesgo de descarrilamiento por exceso de velocidad en la curva”.

“Se desmonta la verdad oficial”

Tras la notificación del auto, Jesús Domínguez, presidente de la plataforma de víctimas, valoró que con la investigación de Andrés Cortabitarte “se desmonta la verdad oficial” de lo ocurrido en Angrois que, “con Ana Pastor a la cabeza”, como ministra de Fomento en el momento del accidente, se “quiso imponer” una versión que el maquinista del tren era el único responsable, basándose en las conclusiones de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

Ese informe de la CIAF, sin embargo, despertó las críticas de la Comisión Europea y la Agencia Ferroviaria Europea (ERA), que cuestionó que las autoridades españolas “no aseguraron la independencia” de la investigación y de que se centró en el “error humano”, dejando “preguntas sin responder”. “Con esta imputación del Adif queda demostrado”, sostiene Domínguez, esa falta de independencia.

Una vez conocido este auto, las víctimas piden la dimisión de Andrés Cortabitarte, actualmente en la Subdirección de Gestión Logística de Aprovisionamiento.