El ex alcalde popular de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero, conocido como el Albondiguilla dentro de la ‘trama Gürtel’, llegó al juicio en la Audiencia Nacional buscando una rebaja de condena a cambio de su colaboración de última hora. Lo que se ha llevado es un rapapolvo de la Fiscalía Anticorrupción, que no ha bajado los 40 años de cárcel que le pide y ha sostenido ante el tribunal que Panero “no ha colaborado en absolutamente nada”.

El enésimo juicio contra la trama corrupta, esta vez por sus actividades en el municipio madrileño de Boadilla del Monte, está llegando a su fin. Este jueves, las partes han expuesto sus peticiones definitivas al tribunal. En el caso de la Fiscalía, también ha presentado el informe definitivo, en el que ha dedicado amplio espacio a sacudir al ex alcalde.

La fiscal Concepción Nicolás sí ha aceptado el reconocimiento de los hechos de otros 16 acusados, para los que ha aplicado la atenuante muy cualificada, lo que permite rebajas muy sustanciales de las peticiones de pena.

Las acusaciones populares, entre ellas Adade, han seguido el criterio del Ministerio Público y han secundado la rebaja, lo que garantiza a los confesos que no recibirán penas más elevadas.

“Absolutamente todo”

La lista de confesos la encabeza el propio líder de la trama, Francisco Correa, que en su declaración reconoció que él decidía las adjudicaciones en el municipio y el reparto posterior de comisiones. “Lo ha confesado absolutamente todo. Las prevaricaciones, dinero, el blanqueo… todo”, ha dicho la fiscal.

En su caso, la petición de pena baja de los 76 años a los 19. Otros acusados, como el contable de la trama, José Luis Izquierdo, han reconocido que pagaban en B actos de campaña del candidato Panero.

“Nada de lo dicho, nada, es posible aplicar a Arturo González Panero, que nos dijo que venía a decir la verdad”, ha afirmado la fiscal tras resaltar la “utilidad” que para conocer la verdad han tenido las otras 16 confesiones.

“Panero presenta su escrito de declaración [de confesión] el 3 de noviembre de 2021, el último de todos. ¿Qué podía decir ya?”, ha dicho, recordando que las confesiones de otros muchos ya le habían implicado en las actividades delictivas. En su escrito, Panero reconocía el cobro de comisiones a cambio de hacer las adjudicaciones conforme se le indicaba.

Para cuando hizo ese reconocimiento, poco utilidad podía tener ya, según la fiscal. “¿Podía negar un tsunami de prueba de 16 acusados? Creo que no tenía defensa. Creo que su estrategia era que dado que no lo puedo negar, voy a intentar sacar rédito. No podía negar lo evidente, pero no ha colaborado en nada. Salvo aquello que no pudo negar, no veo que haya colaborado en absolutamente nada. Sin embargo, ha ocultado, ha tergiversado o ha intentado responsabilizar a otros”.

Las “dudas”

En su informe, la fiscal ha insistido en la corrección las 16 conformidades que ha avalado y que fueron cuestionadas por quienes no habían llegado a ningún acuerdo. “Son perfectamente válidas y se han corroborado todos sus extremos con otras pruebas”.

El Ministerio Público ha hecho referencia a las “dudas” que creaba uno de los casos, el del empresario Ramón Blanco Balín, condenado ya dos veces en juicios de Gürtel. El motivo es que otro acusado, Carlos Martínez Masa, esgrimió al tribunal correos que se cruzaron en los que Balín parecía dar a entender que lo razonable era pactar en cualquier caso, fuera o no cierto lo acordado. La fiscal ha dicho que todos los demás elementos de prueba corroboran que su confesión “no ha sido espuria” y la suma a las otras 15 que da por buenas.

Partido Popular

La Fiscalía ha mantenido la petición de que el PP deba entregar los 204.198,64 euros que la trama corrupta gastó en favor de su candidato en Boadilla. Su actuación es como partícipe a título lucrativo, que supone que no conoció que se estaba cometiendo un delito, pero no le libra de devolver lo recibido. “Debe devolver lo que recibió, y tenemos toda la prueba, minuciosa, de todas las cantidades”, ha dicho la fiscal.

El PP ya fue condenado en la misma condición de partícipe a título lucrativo en el juicio principal del caso Gürtel, en ese caso por el dinero que la trama corrupta destinó a gastos electorales de sus candidatos en los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo.