El Consejo de Europa advierte a España de las “puertas giratorias” de la Fiscalía con la política

El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), dependiente del Consejo de Europa, emitió ayer un informe actualizado sobre España en el que vuelve sobre sus dos principales preocupaciones en el ámbito de a Justicia: que siga sin reformarse el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial y el peligro de intromisión del poder político en la Fiscalía.

Sobre este último punto, el organismo resalta «la necesidad de una mayor reflexión sobre las garantías adicionales que pueden introducirse en el Ministerio Fiscal español para protegerlo de interferencias indebidas». Y expresamente señala el problema «de las puertas giratorias, en particular, en lo que respecta a la actividad política».

El aviso llega cuando al frente de la Fiscalía General se encuentra Dolores Delgado, que salió de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para ser ministra de Justicia y cuya reincorporación al Ministerio Público fue inmediata y al máximo escalón.

El Greco recuerda que lleva años -cita informes desde 2013- pidiendo reformas en este ámbito, en particular para regular más estrictamente el regreso de jueces y fiscales a sus tareas tras el paso por la política.

El informe considera que sus recomendaciones sobre la Fiscalía se han cumplido «parcialmente», puesto que otras sí se han abordado. Es un balance mejor que el que corresponde al CGPJ.

El informe insiste en que una parte de los vocales han de ser elegidos por los propios jueces sin pasar ningún control político. El documento repasa las alegaciones del Gobierno en defensa del sistema actual – en que los 20 vocales son elegidos por las Cortes- y responde que «la información facilitada por las autoridades no aporta nada nuevo». «Hoy la situación es exactamente la misma, y las preocupaciones expresadas por Greco al respecto continúan igual de apremiantes, si no más, que antes», dice el organismo, cuya mensaje final es claro: «El Greco concluye que la recomendación no se ha cumplido».

El Ministerio de Justicia había resaltado en sus alegaciones la «legitimidad» que para el Consejo supone que deba ser elegido por un amplio acuerdo político (mayoría de 3/5 de las Cortes), así como que los 12 que deben ser de origen judicial sean preseleccionados por los jueces, aunque al final escoja el Parlamento.

El organismo insiste en que estos vocales judiciales «sean elegidos por sus pares (siguiendo métodos que garanticen la representación más amplia del poder judicial en todos los niveles) y que las autoridades políticas, como el Parlamento o el Poder Ejecutivo, no participen en ninguna etapa del proceso de selección». Según el Greco, con ello se busca garantizar la independencia del Poder Judicial y la percepción de esa independencia en la sociedad, algo que, recuerda, en España ha ido a peor en los últimos años. Por eso, pide que se aborde ya la reforma. «El Greco solo puede lamentar la falta de un avance positivo tangible en este ámbito. El Greco insta a las autoridades a que apliquen sin demora la recomendación», dice.

Añade que «es sumamente importante que se consulte al Poder Judicial y que tenga voz en las decisiones clave relativas a su funcionamiento y a sus prioridades». Se trata de un claro reproche al Ejecutivo, que no consultó al CGPJ la reciente reforma que le impide hacer nombramientos estando en funciones. La mayoría del Consejo se oponía.

Precisamente la tarea de designar puestos clave atribuida al CGPJ es uno de los elementos que a juicio del Greco exige un cambio en el sistema de elección de los vocales: «Dado el amplio margen de discrecionalidad con que cuenta el CGPJ para el nombramiento de los puestos superiores de la judicatura, la cuestión de su composición parece de importancia primordial. Esta es otra razón que demuestra la importancia crítica de implementar debidamente la recomendación».

El Ministerio de Justicia se felicitó ayer por el informe, ya que da por cumplidas cuatro de las 11 recomendaciones que se suman a otras dos ya satisfechas en 2019. Sobre el CGPJ, la nota del departamento dirigido por Pilar Llop indica que se considera no cumplida «la recomendación para realizar una evaluación del marco normativo del CGPJ».

En unos meses, el ministerio deberá ser menos escueto. Dado que aún no se han cumplido cinco recomendaciones, el Greco acuerda que el jefe de la Delegación de España aporte «información adicional» sobre esos apartados «a más tardar el 31 de marzo de 2022».