El director de la sanidad canaria, Conrado Domínguez, dimite por su imputación en el caso Mascarillas

El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, ha presentado este jueves su dimisión como consecuencia de su imputación por delitos de prevaricación y tráfico de influencias en el caso Mascarillas, una presunta estafa de cuatro millones de euros a la sanidad pública que se remonta a los meses iniciales de la pandemia de covid-19.

En la rueda posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez (PSOE), ha confirmado primero que “se ha acordado” el cese de Conrado Domínguez, para después precisar que el afectado había presentado una carta de renuncia que se ha aceptado. “Se han producido en los últimos días algunos hechos de los que han dado cuenta los medios. El presidente se reunió con el director (del SCS) y, tras esa reunión, hoy le envió la carta al presidente rogando ser cesado”, ha detallado el consejero portavoz.

En esa carta, adelantada por el digital “Tiempo de Canarias”, Domínguez explica que, tras la decisión del juez encargado del caso de declarar secretas las investigaciones, considera que debe apartarse del cargo para poder “mantener” sus “derechos de defensa sin que ello pueda repercutir en el Servicio Canario de la Salud”.

En el caso Mascarillas se investiga un contrato firmado en los meses iniciales de la pandemia de covid-19 por el cual el Servicio Canario de la Salud abonó cuatro millones de euros por una partida de un millón de mascarillas FFP3 que nunca recibió de la sociedad RR7, una empresa dedicada al comercio de coches sin experiencia anterior en la importación de material sanitario.

Este procedimiento penal se abrió a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que apreció graves irregularidades en un expediente en el que se pagó por adelantado cuatro millones a una empresa sin experiencia en el sector, que trató de importar una partida de un millón de mascarillas de la marca 3M que resultaron ser falsas y fueron interceptadas y destruidas por Aduanas.

Meses después, con los cauces de importación ya más normalizados, el SCS “revivió” el contrato adjudicado a RR7, que ya había sido resuelto por incumplimiento, y le dio una segunda oportunidad de importar otra partida de 1,2 millones de mascarillas. Ni este segundo envío llegó ni la sanidad canaria ha recuperado hasta la fecha los cuatro millones de euros que pagó por adelantado.

En su querella, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que Rayco Rubén González, el administrador de RR7, consiguió ese contrato por los amigos en común que tenía con Conrado Domínguez, algunos de los cuales participaron en la operación como intermediarios.

Esta semana ha vencido el plazo que el juez instructor dio al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, para que declarase como testigo en la causa, de forma presencial o por escrito. Torres se ha acogido a esta última opción, pero aún no ha podido formalizar su testimonio porque el Juzgado no le ha remitido hasta la fecha las preguntas que las partes quieren que conteste.