El 21 de octubre de 1931, mes y medio antes de que fuera aprobada la Constitución de la II República, los diputados se reunieron en el Congreso para debatir el dictamen preliminar. El artículo 4 decía que el castellano era «el idioma oficial de la República», que «todo español tiene la obligación de saberlo y el derecho de usarlo» y que «a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional». Y el artículo 50 establecía que era «el instrumento de enseñanza en todos los