El Partido Popular quiere que el Congreso se pronuncie sobre la necesidad de revisar la política de extradición del Gobierno y le inste a suspender el Tratado con Venezuela que data de 1989. También reclama la suspensión de los acuerdos de extradición con los países que no garantizan la independencia de sus instituciones judiciales, no respetan la presunción de inocencia y utilizan a los tribunales para reprimir a la oposición. Así se recoge en una proposición no de ley registrada por el PP en la Cámara el pasado jueves.

En su iniciativa, los populares inciden en los casos de los opositores venezolanos Rolando Figueroa y Ernesto Luis Quintero. El primero reside en La Coruña con su mujer y sus dos hijos y el segundo se encuentra privado de libertad desde hace más de 15 meses a la espera de ser entregado a las autoridades venezolanas.

Figueroa es reclamado por Caracas por su afiliación a Voluntad Popular, uno de los partidos que integran la Mesa de Unidad Democrática, la plataforma de referencia de la oposición al régimen de Nicolás Maduro. Quintero, por haber trabajado en una empresa que, antes de ser expropiada, financiaba a medios de comunicación afines a la oposición.

El PP explica en su proposición que el Ministerio del Interior ha denegado hasta en dos ocasiones en los últimos dos años la petición de asilo que ambos opositores han cursado y ello pese a las amenazas que han recibido y la «evidente persecución política» de que son objeto por parte del régimen venezolano.

Los populares recuerdan que la Unión Europea mantiene sancionados a los principales dirigentes venezolanos y muchos de ellos son perseguidos por varios países por delitos relacionados con el narcotráfico. Apuntan también que se trata de un país en el que «la Justicia está controlada por la dictadura y los tribunales son un instrumento de la política represiva».

A todo ello añaden en su iniciativa que la Corte Penal Internacional ha iniciado contra Venezuela «un procedimiento por crímenes de lesa humanidad tras constatar que se producen detenciones arbitrarias, torturas en sus cárceles y se crean procedimientos judiciales ad hoc, sin respetar los principios más elementales de un sistema de justicia imparcial».