El PP pide a la Mesa del Congreso que paralice el trámite de urgencia impuesto a la reforma del Código Penal y recabe informe del CGPJ
El Partido Popular ha presentado un escrito ante la Mesa del Congreso reclamando la paralización del trámite de urgencia que el Gobierno ha impuesto a la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos con la que pretende derogar el delito de sedición, reformar a la baja las penas por malversación y cambiar la fórmula de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional.
Los populares exigen además que para tramitar dichas reformas se reclamen informes al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo Fiscal y al Consejo de Estado e incluso al propio Tribunal Constitucional. Es este un paso que el Gobierno ha sorteado presentando su iniciativa no como proyecto de ley sino como proposición de ley, es decir, a través de sus dos grupos parlamentarios.
El escrito del PP esgrime la ley Orgánica del Poder Judicial que en su artículo 561.1 dispone que “se someterán a informe del CGPJ los anteproyectos de ley y disposiciones generales que versen sobre (…) leyes penales y normas sobre régimen penitenciario” y es evidente que la propuesta de socialistas y morados “aspira a modificar la ley penal por antonomasia: el Código Penal”.
Los populares acusan en su escrito al Gobierno de cometer “fraude de ley en la utilización de la fórmula de la proposición de ley” con el fin de reducir plazos y trámites y prescindir de los informes de los órganos constitucionales.
En este punto hacen mención específica al Consejo de Estado cuyo pronunciamiento se requiere para las normas que, como se señala precisamente en esta reforma, se dicten para adaptar la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea.
El PP apunta que su petición es especialmente relevante en lo referido a las dos enmiendas presentadas por PSOE y Unidas Podemos para modificar el régimen de nombramiento de los magistrados del Constitucional. En este sentido señalan que de acuerdo con el principio de “interpretación conforme del Derecho comunitario”, cualquier intento de reforma del régimen de un órgano constitucional “ha de contar con una tramitación sosegada, transparente y abierta así como la ineludible audiencia del órgano constitucional afectado”.
En el escrito se reclama, en consecuencia, el abandono de la tramitación de urgencia. Los populares aseguran que es incomprensible el que “una reforma de los delitos esenciales para la salvaguardia de nuestro orden constitucional se considere de tal urgencia que no sea posible su tramitación con los plazos ordinarios. Ellos consideran que además de los informes de los órganos constitucionales, una reforma de este calado requiere de un trámite de consultas y comparecencias parlamentarias de expertos e interesados.
A todo ello añaden la necesidad de que la Mesa del Congreso solicite a la Mesa de la Comisión de Justicia la inadmisión de las enmiendas de PSOE y Unidas Podemos que pretenden cambiar la fórmula de elección de los magistrados del TC por ser, dicen, “incompatible con el sistema propuesto por la Carta Magna”. Los puntos de las citadas propuestas que consideran inconstitucionales son los que hacen referencia al método de verificación de los nombramientos; la eliminación del quórum mínimo para proceder a los mismos; la supresión de la mayoría de tres quintos necesaria para efectuarlos; la imposibilidad de que los vocales del CGPJ voten a los dos candidatos y la posibilidad de que se proceda a la renovación de magistrados por sextos y no por tercios.