La comparecencia de Bárbara Rey en el Senado para hablar sobre Juan Carlos I está en manos del PSOE, después de que la solicitud de llamarla a declarar haya sido asignada a la Comisión de Interior, donde los socialistas tienen tres de los cinco miembros de la Mesa (el órgano de gobierno de la comisión).

La petición de escucharla parte del senador de Compromís, Carles Mulet, quien solicita que la actriz María García García, conocida artísticamente como Bárbara Rey, explique en la Cámara “las informaciones que apuntan a que recibió dinero público de fondos reservados para que no hiciese públicas sus supuestas relaciones con supuestos cargos del Estado”.

En un primer momento se afirmó que la petición había sido aceptada por la Mesa del Senado, sin embargo, lo que ha pasado realmente es que el presidente de la Cámara, Ander Gil, se ha limitado a enviar a la Mesa de la Comisión de Interior la petición, en un cauce parlamentario habitual, para que sea en ese marco en el que se decida si finalmente la actriz comparece o no.

De este modo, la Comisión de Interior, cuya Mesa, formada por tres miembros del PSOE y dos del PP, será la que decida tramitar esta petición, y, en el caso de que así sea, ponga fecha e invite a la actriz a comparecer ante el Senado para dar cuenta de estas cuestiones formuladas por el senador valenciano.

Mulet había hecho esta solicitud con la intención de que Bárbara Rey “explicara la veracidad de las informaciones publicadas según las cuales supuestamente recibió por parte de personas del entonces CESID, u otros altos estamentos del Estado ingentes cantidades de dinero público de fondos reservados y posibles prebendas como la contratación por parte de una televisión autonómica para que no hiciese públicas sus supuestas relaciones con supuestos altos cargos del Estado”.

En la actualidad, según denuncia Mulet, existe un bloqueo por la “falta de actividad” de la presidencia de esta comisión, “que no ha permitido las comparecencias solicitadas por los grupos, entre las que destacan las dirigidas la propio ministro Fernando Grande-Marlaska.