El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cargó duramente este viernes contra las controvertidas reformas ejecutadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para, por un lado, acelerar los nombramientos el Tribunal Constitucional y, por otro, contentar a sus socios independentistas con la remodelación del delito de malversación.

“Es el presidente más autoritario de la democracia española”, remarcó el líder de la oposición este viernes desde Santiago de Compostela, donde acudió a la presentación de un libro sobre su figura. Desde allí, lamentó que el día a día del Gobierno dibuja un panorama preocupante: “Cada escándalo histórico es superado siempre por otro escándalo histórico mayor”, denunció.

“Llegó a La Moncloa agitando la bandera de la anticorrupción y la ejemplaridad. Hoy pone la alfombra roja a los condenados corruptos del procés, rebajando la malversación, y cambia las reglas del juego para asaltar el Tribunal Constitucional”. Por ello, el PP anunció este viernes que presentaría ante el TC un recurso de inconstitucionalidad y elevaría hasta Bruselas su denuncia.

“España no es rehén”

Feijóo también prometió que derogará estas reformas si llega a La Moncloa y volverá a tipificar la sedición y la malversación tal y como figuran actualmente en el Código Penal para reforzar el marco jurídico. “Sánchez nunca vino para fortalecer las instituciones, sino para asaltarlas y ponerlas a su servicio. Ni España es rehén de los que intentaron romperla, ni las instituciones son el cortijo del sanchismo”.

El presidente del PP instó, además, a los dirigentes socialistas a posicionarse públicamente en contra de estas reformas que sólo sirven para contentar, según explicó, a sus aliados secesionistas. “Compartir hoy las siglas con Sánchez debe ser muy doloroso para cualquier socialista que tenga un mínimo aprecio a su país”, lanzó.

Por el momento, los populares descartan en cualquier caso la presentación de una moción de censura, tal y como reclaman Vox y Ciudadanos. Este viernes, Santiago Abascal e Inés Arrimadas se han mostrado partidarios de encontrar un candidato de consenso que obligue al Congreso a posicionarse sobre la gestión del presidente.