La Audiencia Nacional rechaza imponer a los hermanos Pérez-Maura una fianza récord de 764 millones
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado imponer una multimillonaria fianza récord de 764 millones a los navieros Pérez-Maura, tal y como solicitaba la compañía APM Terminals, filial del gigante danés Maersk, que adquirió una de las empresas de los hermanos investigados en la denominada operación Tándem.
La reclamación de APM Terminals, dirigida contra la compañía A. Pérez y Cía, S.L., se basaba en que durante el referido proceso de compra los empresarios, investigados en estos momentos en el marco del caso Tándem, les ocultaron que estaban implicados en operaciones de supuesta corrupción. Tanto con el comisario José Manuel Villarejo, encarcelado en la prisión de Estremera acusado de liderar una organización criminal, como en presuntos sobornos al ex presidente de Guatemala para la explotación de la terminal de contenedores en Puerto Quetzal.
La Sala considera ahora que no existen nuevos indicios que justifiquen la solicitud de ampliación de las medidas cautelares, fijadas ya en 11 millones de euros en el marco de las pesquisas que sigue contra los Pérez-Maura el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. APM Terminals llegó a solicitar además que se ampliara la imputación de los hermanos por un rosario de nuevos delitos tales como cohecho internacional, tráfico de influencias, estafa y tres delitos contra la Hacienda pública.
La decisión judicial tiene lugar meses después de que en mayo el instructor desestimara la primera solicitud de APM Terminals, que exigía la adopción de “medidas cautelares consistentes en el afianzamiento por importe de 763.919.593,94 euros” a la mercantil de los navieros. Entonces ya denunciaron “un engaño minuciosamente ideado y dirigido por los señores Pérez-Maura desde el mismo inicio del proceso de compraventa”.
La Audiencia Nacional argumenta ahora que “la mercantil APM Terminals firmó el primer acuerdo en septiembre de 2015, comprometiéndose a la adquisición de las participaciones sociales de A. Pérez y Cía, S.L.”. Y añade que “la venta se formaliza en marzo de 2016”. El auto subraya que la filial de Maersk “sostiene en su escrito que realizó un riguroso procedimiento de due diligence en todas las áreas de negocio con anterioridad al cierre de la compra de la totalidad de las acciones de GMTCB, no habiéndose identificado conducta delictiva y/o irregular alguna durante dicho proceso”.
La Audiencia incide además en que con una simple búsqueda a través de “fuentes abiertas y usando un popular buscador” se ha han podido “encontrar al menos dos informes en los que se advertía de las sospechas de irregularidades en la construcción del puerto de Quetzal de Guatemala, ambos a disposición de cualquier persona en la red” o “un informe de la prestigiosa Agencia americana de desarrollo USAID de agosto de 2012”.