La Junta Electoral Central ha instado al conseller de Interior, Miquel Sàmper, a que garantice la seguridad de los actos de Vox en Cataluña con todas las medidas que sean necesarias para evitar los episodios violentos que sobre todo tuvieron lugar durante la primera semana.

En este sentido, la Junta reclama a las Fuerzas de Seguridad que se proceda a detener a quienes usen la violencia para impedir que el partido pueda hacer campaña con normalidad.

El pronunciamiento de la Junta Electoral Central llega en una resolución hecha pública este jueves, después de que Vox denunciara las agresiones sufridas, entre otros lugares, en Vic (Barcelona) y Salt (Gerona), donde los manifestantes lanzaron objetos a los políticos y los simpatizantes y en los que también destrozaron algunos de sus vehículos.

Además de en los juzgados, Vox decidió presentar también una denuncia ante la Junta Electoral Central contra lo que consideraba una “desprotección” por parte de los Mossos d’Esquadra por permitir a los manifestantes colocarse a una veintena de metros de sus actos, así como por no proceder a dispersarlos cuando les agredían con lanzamiento de piedras, huevos o fruta.

“En un ambiente de coerción”

La Junta Electoral Central ha constatado que Vox ha sufrido “actos de intimidación y violencia” durante esta campaña electoral y que eso ha supuesto una “vulneración de los derechos consagrados en los artículos 21 y 23 de la Constitución, y también del derecho de igualdad de todos los candidatos que, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la LOREG, debe ser garantizado por la Administración electoral”.

Tras analizar los informes policiales, la Junta Electoral Central subraya que a pesar de los “importantes dispositivos de seguridad” desplegados por los Mossos, “que han evitado o reducido los daños de esas actuaciones violentas”, eso “no ha impedido que estos actos electorales se hayan celebrado en un ambiente de coerción contrario” al ejercicio de la participación política.

Por consiguiente, insta al conseller de Interior de la Generalitat de Cataluña, como autoridad competente en materia de orden público, a que adopte “todas las medidas necesarias que permitan la celebración de los actos públicos de campaña electoral de Vox y de cualquier otra formación política, evitando que se produzcan actuaciones violentas o intimidatorias como las denunciadas”.

En este sentido, y esto es otra crítica hecha por Vox, se reclama que “se proceda a identificar y, en su caso, detener y poner a disposición judicial, a quienes empleen el uso de la violencia para impedir dichos actos”.

El derecho de reunión

Desde la Generalitat, el conseller de Interior acusó a Vox de no seguir las instrucciones de los Mossos mientras que la portavoz del Govern, Meritxell Budó, señaló que Vox había montado una campaña de “provocaciones”.

Ante el cariz que había adquirido la violencia y acoso durante el pasado fin de semana, el lunes hubo una reunión de urgencia de los mandos policiales con Vox que ha producido algunos cambios en la ubicación de los manifestantes. Ahora están más alejados.

No obstante, eso no se está siguiendo en todos los lugares donde se han celebrado mítines. Este jueves, en Tortosa (Tarragona), Santiago Abascal ha denunciado que los manifestantes estaban a “15 pasos” de su atril, permitiéndose a los independentistas sabotear su acto de campaña.

La Junta Electoral Central reclama que ha de garantizarse el derecho de reunión de todas las candidaturas que se presentan a las elecciones y así se lo avisa tanto a la Generalitat como a la Delegada del Gobierno en Cataluña, como a las Juntas Electorales Provinciales.

Tras el contenido de la resolución de la Junta Electoral, el diputado de Vox Víctor Sánchez del Real ha elevado el asunto ante la Unión Interparlamentaria, que agrupa a los distintos parlamentos, para advertir de que se habían “vulnerado los derechos fundamentales” de los diputados de Vox en las elecciones. Cabe recordar que el candidato a la Generalitat, Ignacio Garriga, es aún parlamentario. Entre otras acciones, se va a presentar una denuncia ante su comité de derechos humanos. Del mismo modo, el diputado Luis Gestoso va a hacer lo mismo ante Europol por la sospecha de la implicación de los CDR en los incidentes más graves.