Las 17 autonomías endurecieron sus restricciones desde que Salvador Illa se negó a dar más herramientas jurídicas

La dimisión de Salvador Illa no ha logrado evitar la controversia. El candidato del PSC dejará el martes de ser ministro de Sanidad justo en lo más alto de la pandemia, con una incidencia de 884 casos por cada 100.000 habitantes, 700 más que hace un mes. De récord en récord, la estadística de la pandemia ha engordado este lunes en 93.822 nuevos infectados, los del peor fin de semana de toda la serie del coronavirus.

Ante semejantes cifras, las comunidades autónomas siguen emitiendo su particular SOS para que el Ministerio les permita más restricciones y más flexibilidad a la hora de tomarlas. Porque si por algo se han caracterizado las dos últimas semanas de Illa como ministro -además de por su protagonismo en la precampaña catalana- es por el clamor de los gobiernos autonómicos, rebasados por la tercera ola y sin herramientas jurídicas para combatirla con solvencia. No sólo las del PP; también las regiones gobernadas por el PSOE o por los nacionalistas.

A partir del Consejo Interterritorial de Sanidad del 13 de enero -en el que Illa dijo que había “recorrido” antes de adelantar el toque de queda o confinar y que ya se suscitaría el debate “en su caso”-, las peticiones de medidas extraordinarias han ido in crescendo.

Tanto es así, que, desde entonces, las 17 comunidades ya se han visto abocadas a aprobar restricciones adicionales. Pero Illa se ha negado por activa y por pasiva a darles más margen, así que los presidentes regionales también se están acogiendo a una fórmula sui generis: la de pedir a los ciudadanos que se «autoconfinen» de manera voluntaria.

El “autoconfinamiento”

El último en hacerlo ha sido Alberto Núñez Feijóo, quien ha abogado este lunes por un confinamiento de facto en Galicia, ante la virulencia del virus y ante la imposibilidad de imponer la reclusión domiciliaria. La Xunta ha aprobado el cierre perimetral de todos los ayuntamientos gallegos, la clausura completa de la hostelería y nuevas limitaciones para el comercio no esencial.

Además de pedir el «autoconfinamiento», Feijóo ha exhortado a los gallegos a ser «implacables» con quienes incumplan las normas. «Ni un ápice de condescendencia con quien piensa que un pequeño incumplimiento no hace daño a nadie. Hace daño a muchos», ha enfatizado el barón popular.

Murcia también ha iniciado la semana aprobando restricciones adicionales: ha adelantado el cierre de actividades no esenciales a las 18.00 horas en ocho municipios y limitó los encuentros en espacios públicos, tanto cerrados como al aire libre, a dos personas no convivientes.

Se suman así a las autonomías que ya han utilizado al máximo los márgenes del decreto de alarma vigente. Por ejemplo, este lunes han entrado en vigor las nuevas restricciones de la Comunidad Valenciana (sin reuniones en domicilios y confinamiento perimetral de 15 ciudades en fines de semana y festivos, además del cierre de los bares) y las de Madrid: adelanto del toque de queda a las 22 horas y cierre de la hostelería y establecimientos no esenciales a las 21 horas, así como la prohibición de reuniones de no convivientes en domicilios, salvo contadas excepciones.

Cierres perimetrales

Otras como Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Extremadura, el País Vasco, Cantabria, Cataluña, Castilla-La Mancha, Canarias o Castilla y León ya han ampliado los cierres perimetrales y/o el toque de queda, dentro de los márgenes que les permite Illa y que todas ellas consideran mejorables. Navarra ha cerrado el interior de los establecimientos hosteleros y La Rioja mantiene cerrada toda su actividad no esencial hasta el próximo 23 de febrero y ha prohibido las reuniones de quienes no convivan.

¿Por qué Illa no ha accedido a las peticiones que le hicieron las autonomías de manera casi unánime en las dos últimas reuniones del Consejo Interterritorial de Sanidad? ¿Ha «estudiado» sus propuestas, antes de dimitir, como les prometió? Éstas son las grandes preguntas que se hacen en las baronías del PP y del PSOE. Sin respuesta alguna por parte del Ministerio.

Hay que recordar que, en octubre, el ministro forzó el cierre perimetral de Madrid porque a partir de 500 casos por 100.000 habitantes «resulta imprescindible la adopción con urgencia de medidas de choque», como rezaba aquel decreto de alarma. «Y no hay más ciego que el que no quiere ver», sentenció el ministro.

Pero ahora no permite más actuaciones «de choque» con una incidencia media de 884 en España y con 13 autonomías por encima de 500 (seis de ellas, rebasando los 1.000). Por eso no ha llevado un nuevo decreto al Congreso