El 24 de julio debería ser “un día de recuerdo y memoria a los que ya no están” porque perdieron su vida en el descarrilamiento del tren Alvia a las afueras de Santiago de Compostela en 2013, pero, en su noveno aniversario, las víctimas y familiares lamentan que “nos toca seguir concentrándonos y reivindicando”. Este domingo han vuelto a la estación a la que el tren siniestrado nunca llegó y han recorrido en manifestación varias calles de la capital gallega para hacer públicas sus demandas, sobre las que este año planea el juicio sobre el caso que comenzará en octubre.

En la Administración de Justicia puso el ojo Jesús Domínguez, presidente de la asociación mayoritaria de afectados, la Plataforma Alvia 04155. En declaraciones a los medios al comienzo de la manifestación lamentó que en este caso “el poder Ejecutivo y el Gobierno y el Estado al final meten mano en la Justicia y la gente lo tiene que saber”.

Domínguez insiste en que la plataforma cree en la justicia y en la independencia de la juez María Elena Fernández Currás, titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago que a partir del 5 de octubre juzgará el caso, pero los últimos nueve años les han convertido en descreídos del sistema.

Cuestiona la “demora nada casual” en el procedimiento judicial de la que “diferentes instituciones del Estado son las responsables” y que ha provocado que, por lenta, la Justicia sea menos Justicia, pues “hay familiares, padres, madres y hermanos que estaban aquí otros años y que ya han fallecido” sin conocer la verdad de lo ocurrido.

Apunta también a que el Consejo General del Poder Judicial desoyó su petición para que no se cambiase al primer juez instructor, Luis Alaez, que dejó el caso en plena instrucción por cambio de juzgado; a la “inacción” del primer fiscal del caso, Antonio Roma; y a diversos autos judiciales en los que el juzgado reprochó “ocultación y demora” de entrega de documentos por parte del Ministerio de Fomento, Renfe y Adif.

Sus críticas van dirigidas a la práctica totalidad de los partidos políticos, en especial a PP y PSOE. De hecho, desde hace años, es habitual que en sus protestas incorporen fotos de los ex ministros de Fomento Ana Pastor (PP) y José Blanco (PSOE). A Ana Pastor porque “prometió en sede parlamentaria una investigación independiente y colaboración con la justicia”, pero el juzgado reprochó esa falta de colaboración con la Justicia de los organismos que dependían de ella.

A Blanco porque en su etapa al frente publicitó que la nueva línea de alta velocidad contaba con los sistemas de seguridad que hubieran evitado la tragedia y “cambió el proyecto original por las prisas, suprimiendo el sistema de seguridad en el tramo más peligroso”.

Críticas al presidente gallego

Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia y antiguo responsable de la cartera de Justicia en la comunidad, también fue objeto de sus críticas este año. Le reprochan que “impuso a los peritos” que realizaron informes sobre el accidente, “funcionarios que no son objetivos y que no tenían experiencia en el ferrocarril y que plagiaron el informe de la CIAF”, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.

En la plaza del Obradoiro, que este domingo era un hervidero de turistas y peregrinos al tratase de la víspera del día grande de Galicia, Juan Sierra, que perdió a su hermano en el accidente, denunció que el Gobierno gallego, como ya hizo en el primer aniversario, cambió la fecha de entrega de las Medallas de Oro de Galicia del 25 al 24 de julio “haciéndola coincidir con el aniversario para desviar la atención en su estrategia de ocultación”.

Todo ha descarrilado en este caso

“Nueve años después, Gobierno, Justicia, políticos e instituciones descarrilan”, insisten, convencidos de que “dice muy poco de nuestras instituciones” que aún no se haya puesto en marcha una investigación técnica independiente sobre el accidente después de que la Unión Europea cuestionase la falta de independencia del informe elaborado por la CIAF, que concluyó que toda la responsabilidad fue del maquinista del tren, Francisco José Garzón Amo. En el juicio estará acusado junto al el ex director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte.

Esa investigación no la han hecho “ni los gobiernos del PP, ni del PSOE, ni el de éste último en coalición con Podemos pese al apoyo inicial y el posterior silencio” y ellos siguen exigiendo que se haga, ahora también con el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un fallo del pasado junio.

Pese a esas críticas a Unidas Podemos, este domingo, dos representantes del Círculo de Compostela, entre ellos su responsable de Organización, Daniel López, les acompañaron en su manifestación. Tampoco faltó a la cita el otro partido que, hasta ahora, ha estado en todos sus actos, el BNG, con una delegación encabezada por la eurodiputada Ana Miranda y el único diputado de la formación en el Congreso, Néstor Rego.

Rego recordó que la Comisión de Investigación abierta en el Congreso hace cuatro años quedó inacabada al convocarse elecciones adelantadas en 2019 y en septiembre una iniciativa de su grupo logró que se aprobase retomarla, si bien ahora se encuentra en suspenso a la espera de que el caso se resuelva en la vía judicial.

Ana Miranda, que ha acompañado a las víctimas en sus reivindicaciones ante la Unión Europea durante los últimos años, cuestionó que “no es normal que llevemos nueve años con este caso abierto sin ningún tipo de responsabilidad política, judicial y tampoco de cambios legislativos” y recordó que la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción en el año 2019 contra el Estado español por no cumplir la normativa de riesgos.