La octava ley educativa de la democracia es una vuelta a la Logse de 1990 y aporta pocas novedades pedagógicas y directamente relacionadas con la escuela, pues no regula apenas nada con la profesión docente, que es el verdadero motor de la enseñanza. A cambio, la Ley Celaá ha ahondado en las cuestiones más polémicas y, durante la fase de enmiendas, ha marcado aún más su perfil en contra de la escuela concertada, del castellano y de la educación diferenciada por sexos.
Estos son los puntos más