Moncloa confía en el “efecto arrastre” para que las autonomías del PP y el PNV terminen limitando los precios del alquiler por la ley

“Se cumplirá en todos los territorios”. Es el lema con el que el Gobierno acompaña la aprobación de la ley de vivienda, uno de los hitos de la coalición que llega con la legislatura encarando su recta final y a un mes de las elecciones autonómicas y municipales. El articulado aprobado el pasado jueves, primero en la materia en los 40 años de la democracia, contiene importantes medidas para tratar de rebajar el precio de los alquileres, pero deja la medida estrella en manos de las autonomías. Y no todas están dispuestas a aplicarla. Sobre todo, las dirigidas por el PP, que ha llegado a amenazar con recurrirla al Tribunal Constitucional. No obstante, el Ejecutivo está convencido de que terminarán haciéndolo por un “efecto arrastre”. 

“A ver cómo se atreven a no aplicarla cuando los ciudadanos vean que en otras regiones sí se está haciendo y están bajando los precios”, señala un miembro del Gobierno, que asegura que habrá “presión social” y los presidentes autonómicos se verán obligados a limitar los precios. Especialmente donde el precio del alquiler se haya disparado en los últimos años. Ponen como ejemplo la Comunidad de Madrid, cuya presidenta, Isabel Díaz ayuso, ha reiterado en diversas ocasiones su idea de batallar legalmente contra la ley.

El Gobierno ya ha comenzado a presionar públicamente a las comunidades ‘populares’ incluso antes de que la ley quede reflejada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Lo hizo el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nada más aprobar el Congreso el articulado con 176 votos a favor, 167 en contra y una abstención. En una declaración sin preguntas ante los medios de comunicación, criticó que la oposición fuera “a la deriva” y “no tuviera liderazgo” por querer desechar a la norma. “Dicen que van a boicotearla allí donde gobiernan. Ya está bien, las leyes se cumplen”, dijo.

También la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, puso el foco en el PP. En los pasillos del hemiciclo, aseguró que los ‘populares’ “no pueden convertirse en un partido antisistema o antidemocrático que dice que no va a cumplir una ley cuando no le gusta”. Llegó a amenazar, de hecho, con usar los “mecanismos para reestablecer la legalidad” del Estado si se incumplía el articulado. Aludió incluso de forma implícita a la situación de Cataluña con el ‘procés’, pero no concretó a qué se refería y luego matizó que la ley es respetuosa con las comunidades autónomas, que tendrán “margen” para aplicarla. Cabe destacar que no solo las comunidades del PP muestran dudas sobre la ley, sino que el PNV, socio habitual del Gobierno y con quien el PSOE comparte ejecutivo autonómico en el País Vasco, votó en contra el jueves.

“Las comunidades autónomas del PP siempre cumplen la ley”, replicó por su parte la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que pidió al presidente no hacer “oposición” desde Presidencia del Gobierno contra las comunidades autónomas. Las autonomías, dijo la portavoz parlamentaria ‘popular’, “siempre se mueven en el margen de sus competencias y siempre se mueven en el margen de la legalidad. Dentro del margen que esta ley establece, aquello en lo que las comunidades autónomas tienen capacidad de decidir van a decidir, como no puede ser de otra manera”, añadió.

Cabe recordar que en la ley se incluyen diversas propuestas, como la prohibición de que las inmobiliarias exijan a los inquilinos sus honorarios o la eliminación de la posibilidad de que las comunidades enajenen vivienda protegida. Eso sí, la medida estrella es la regulación del precio de los alquileres a partir de definir en sus territorios las zonas de mercado tensionado siempre que cumpla alguna de estas condiciones: que la carga media del coste del alquiler junto a los suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares, o bien que el precio de compra o de alquiler de vivienda haya aumentado al menos tres puntos más que el IPC en los cinco años anteriores.

Esto daría a las autonomías del PP la posibilidad de hacer fracasar uno de los proyectos estrella de la coalición. Es tal la importancia del articulado para el Gobierno, que lo ha acompañado de una escenografía poco habitual. De hecho, la última vez que se produjo la escena de Sánchez haciendo declaraciones a los periodistas en el patio del Congreso fue cuando la Cámara dio luz verde a los Presupuestos, considerados como la ley más importante de cualquier gobierno. Además, el Gobierno y Sánchez en particular ha decidido que el principal tema para la campaña electoral de las próximas elecciones municipales y autonómicas sea la vivienda. Y es en ese contexto en el que se deben leer las declaraciones del presidente y de la secretaria general del PSOE.