PP y Vox pactan luchar contra la violencia ‘intrafamiliar’ y un plan de medidas económicas contra la desindustrialización

El acuerdo suscrito por el PP y Vox para gobernar en Castilla y León prioriza las medidas económicas y apuesta por la lucha contra la “violencia intrafamiliar”.

En un texto en el que quedan claras las posturas, se defiende tanto el concepto de comunidades autónomas como el de las provincial.

Entre los puntos aprobados, el compromiso de poner en marcha “una ley de lucha contra la violencia intrafamiliar para promover medidas preventivas y dotar de una protección adecuada a sus víctimas. Actualizaremos la normativa vigente en materia de protección para mejorar la atención a las víctimas, especialmente cuando sean menores, mayores, mujeres, personas con discapacidad o personas vulnerables, y con especial énfasis en el medio rural, garantizando la igualdad”.

En cuanto a la inmigración, apuntan como única referencia: “Promoveremos una inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de Castilla y León”.

Tanto el plano económico (en el que las apuestas de ambas formaciones eran muy coincidentes) como en el de la lucha contra la violencia en el ámbito familiar, fueron dos de de los ejes de la campaña electoral. Vox apostaba por derogar las legislaciones sobre “violencia de género” y hablaba de “violencia intrafamiliar”. El término ha quedado incluido en el compromiso político.

Dos de los ejes donde el nuevo ejecutivo se quiere centrar es en el apoyo a “las familias, a la natalidad y a la lucha contra la despoblación, como centro de las políticas públicas”; y en la “reducción significativa del gasto institucional superfluo y supresión del gasto público ineficaz o que no redunde en el bienestar de los ciudadanos”.

Ambos partidos se comprometen a aprobar una Ley de Desarrollo y Competitividad Rural, que incluya medidas de apoyo a la actividad productiva, internet y garantizando los servicios públicos a las personas del mundo rural.

“Priorizaremos la creación de empleo estable y de calidad como garantía de la mejor política social, así como el retorno del talento a nuestra Comunidad”, apunta el documento suscrito por ambos partidos.

En cuanto a la despoblación: “Consideraremos el problema de la despoblación y las políticas de demografía una cuestión prioritaria, en coordinación con todas las Administraciones Públicas”.

La apuesta de PP y Vox es “favorecer la reindustrialización y el aprovechamiento de los recursos propios, desde la competitividad, la innovación, las rebajas fiscales, la digitalización y el acceso a la financiación. Apoyaremos, en el marco de la normativa reguladora, las explotaciones mineras existentes y los proyectos previstos de minería”.

Y otro de los discursos de campaña, la defensa de los productos autóctonos frente a los que llegan desde fuera de la Unión Europea. “Instaremos al gobierno de la Nación y a las instituciones europeas a proteger el producto de nuestro campo y de nuestra industria, en contra de la competencia desleal del producto extracomunitario, que no cumple los mismos requisitos a los que están sometidos nuestros productores”.

Se comprometen a reforzar “la sanidad pública, reforzando las inversiones y los presupuestos, fundamentalmente en atención primaria, sobre la base de un sistema sanitario cercano, gratuito e innovador”.

Apoyo a las familias

La familia se convirtió en otra de las referencias ante el 13-F. “Impulsaremos una política de apoyo a las familias, como institución básica de la sociedad y pilar del estado de bienestar. Apoyaremos la natalidad mediante ayudas directas e incentivos fiscales progresivos, y fortaleceremos la conciliación de la vida laboral, social y personal”.

En cuanto a la Educación, ambos apuestan por “un modelo educativo basado en el mérito, el esfuerzo y la capacidad, que tenga por objeto la excelencia, generador de oportunidades y libre de adoctrinamiento ideológico”.

“Garantizaremos la gratuidad en la enseñanza de cero a tres años, la libertad en la elección de centros y el derecho inalienable de los padres a decidir la educación de sus hijos”, apunta el documento con los compromisos.

Ambas formaciones se comprometen a defender “la propiedad privada, combatiendo especialmente el fenómeno delictivo de la ocupación, y ofreciendo asesoramiento gratuito a las víctimas de este hecho”.

No se olvidan en su acuerdo de Gobierno del terrorismo. “Tendremos siempre presentes a las víctimas del terrorismo, trabajando por su dignidad, memoria, justicia y protección”.

En cuanto a la financiación autonómica, “demandaremos una financiación justa, solidaria y acorde con el coste efectivo de la prestación de los servicios públicos para acabar con la infrafinanciación que padece Castilla y León. Aprovecharemos los nuevos fondos europeos y garantizaremos que lleguen con transparencia, rapidez y eficacia”.