Feijóo empieza a desplegar las propuestas incluidas en su plan de Calidad Institucional presentado a mediados de enero. La primera es la que hace referencia al punto séptimo en el que planteaba una regulación específica sobre la periodicidad anual del Debate sobre el Estado de la Nación a fin de que deje de ser una iniciativa discrecional del Gobierno.

A estos efectos, el Grupo Popular ha registrado en el Congreso una proposición de reforma del Reglamento de la Cámara con el objetivo de estipular por la ley la obligatoriedad de que el presidente del Gobierno se someta anualmente a un debate sobre política general con la única excepción de los años en los que se celebren elecciones en cuyo caso lo que se considera debate sobre el Estado de la Nación se considerará sustituido por el debate de investidura.

La iniciativa plantea añadir un nuevo artículo 197 bis al Reglamento según el cual la periodicidad del Debate sobre el estado de la Nación será anual y la ordenación del mismo se establecerá oída la Junta de Portavoces. Además, antes de que finalice el año corriente de su celebración, el Gobierno deberá dar cuenta a la Cámara, previa remisión de un informe detallado, de las actuaciones realizadas para dar cumplimiento a las resoluciones aprobadas en dicho debate sobre política general. Con este último punto se pretende poner fin a la práctica gubernamental de no considerar vinculantes las resoluciones que el Legislativo aprueba como conclusión del debate.

El objetivo último que se persigue con esta propuesta es facilitar un cauce para explicitar el ejercicio de la soberanía que reside en el pueblo español a través del control al Ejecutivo por parte de las Cortes y proscribir así «cualquier tentativa autocrática».

Se trata, explica el PP, de fortalecer los principios de democracia representativa y separación de poderes mediante la «correlativa obligación del Gobierno de rendir cuentas sobre su gestión en el Parlamento» y, además, facilitar la tercera función, la de orientación política, que la Constitución reserva al poder Legislativo.

El Debate sobre el Estado de la Nación es, según el PP, una ocasión idónea para que el Ejecutivo se someta al control por parte del Legislativo y, pese a ello, ni la Constitución ni el Reglamento contienen una previsión expresa sobre el mismo, algo que sí han desarrollado numerosos reglamentos o leyes autonómicas.

Esta circunstancia, señala el PP en la exposición de motivos de su propuesta, es la que permite al Gobierno «ampararse en la falta de regulación constitucional y reglamentaria de este importante debate de rendición de cuentas para eludir su presencia en el Parlamento.

Con su propuesta, los populares pretenden institucionalizar la obligación de celebrar el debate y el posterior control por parte del Congreso de las resoluciones que se aprueben como consecuencia del mismo. En definitiva, el Debate sobre el Estado de la Nación dejaría de ser una iniciativa discrecional del Gobierno.