La libertad de expresión, como todas las libertades, tiene un límite: las libertades de los demás. Más específicamente, en países democráticos como España o Estados Unidos, esa libertad fundamental se recoge en sus textos constitucionales, mientras que los códigos penales establecen y sancionan los casos en que, en expresión oral o escrita, el uso de esa libertad se puede convertir en un delito: injurias, calumnias, amenazas o los cada día más relevantes «delitos de odio».
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