Con alevosía, impunidad y de madrugada. El Tribunal Estadal Cuarto de Primera Instancia de Caracas, con competencia en casos de terrorismo, ha decretado la privación de libertad contra Roland Carreño, reconocido periodista y dirigente de Voluntad Popular (VP). El juez chavista, con el respaldo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), le acusa de “financiamiento al terrorismo, conspiración contra la forma política y tráfico ilícito de armas de guerra”, además de coordinar “el financiamiento de la logística empleada en el plan de fuga del ciudadano Leopoldo López desde la Embajada de España”.
Este tribunal, señalado como habitual martillo contra opositores y disidentes, asegura que la policía detuvo al activista democrático “en flagrancia” con un fusil modelo AM-15 calibre 5.56 con 17 municiones. En el relato revolucionario, Carreño funge como operador financiero con el objetivo de ejecutar planes conspirativos en contra del Ejecutivo nacional.
El juez bolivariano acusa al periodista de realizar en persona los pagos de logística a grupos terroristas que intentan suspender las elecciones del 6 de diciembre, “para lo cual utiliza la fachada de organizaciones no gubernamentales”. Por si todo esto fuera poco, Carreño también habría participado en la Operación Gedeón, los dos desembarcos fracasados de militares rebeldes contra Maduro, en los que también figuraban dos mercenarios de Estados Unidos.
“Ninguna confesión de Carreño es válida sin su abogado”, esclareció su defensor, Joel García, quien también denunció que el periodista permaneció desaparecido durante 48 horas. “Se repite la historia, es el mismo expediente que le adjudicaron a Roberto Marrero (jefe del despacho de Juan Guaidó), cambiaron nada más el nombre del imputado”, precisó el abogado.
Tanto la Misión de Naciones Unidas como el general Cristhopher Figuera, antiguo director de la policía política, han confirmado que el habitual modus operandi de los agentes chavistas es sembrar explosivos o armas de guerra para llevar a cabo las imputaciones. Los casos previos son múltiples, entre ellos el del ex prisionero político hispano-venezolano Demóstenes Quijada, a quien le colocaron un arma en el hogar familiar junto a la habitación de su hijo pequeño. O el del también ex preso español Yon Goicochea, a quien le sembraron cordones detonantes para explosivos en el vehículo donde trasladaba a sus niños.
“Exigimos su liberación y rechazamos cualquier intento de fabricar falsos positivos para incriminarlo”, insistió el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
El último “atentado terrorista” ejecutado por los opositores fue denunciado ayer mismo por Nicolás Maduro en su rueda de prensa internacional. El “hijo de Chávez” aseguró que la refinaría de Amuay fue atacada con armas poderosas el pasado martes. Trabajadores petroleros le desmintieron más tarde y aseguraron que se trata de nuevo de una explosión provocada por la sobrecarga para producir gasoil pesado. Amuay es víctima desde hace años de la corrupción revolucionaria, la falta de inversión y la mala gestión de las autoridades.
“Maduro, como ya es costumbre, miente. Lo que destruyó Amuay y las refinerías fue la corrupción y el saqueo de la dictadura, que además retroalimenta las violaciones de derechos humanos”, denunció Juan Guaidó, presidente encargado.
Carreño es muy cercano tanto al propio presidente encargado como a Leopoldo López, quien protagonizó la semana pasada una fuga de película que ha provocado una cadena de represalias del chavismo, que incluyó la detención de siete vigilantes de la legación diplomática española, la cocinera y un par de escoltas de López y de un familiar de la hermana de López. Todos ellos ya están en libertad. Cuatro policías nacionales españoles, que trabajan en la Embajada, también fueron hostigados en sus viviendas.