Varios grupos unionistas vinculados a las milicias paramilitares han anunciado su “renuncia” al apoyo del Acuerdo de Paz en Irlanda del Norte, en protesta por los problemas ocasionados por el Protocolo contenido en el Acuerdo del Brexit. En una carta dirigida al ‘premier’ Boris Johnson, el así llamado “Consejo de Comunidades Lealistas” (LCC) acusa tanto a Londres como a Bruselas de la “permanente destrucción” del proceso de paz.

“No subestimen los sentimientos que este asunto está generando en la familia unionista”, advierte en la misiva David Campbell, presidente del LCC, que representa a milicias aún activas como el Ulster Voluntary Force (UVF), Ulster Defense Association (UDA) o Red Hand Commando (RHC). “Nos preocupa la disrupción que se está creando en el comercio entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido, pero nuestras objeciones son más fundamentales”.

El anuncio de los grupos unionistas ha reactivado los temores a brotes de violencia en Irlanda del Norte, tras la campaña de amenazas e intimidaciones lanzada a primeros de febrero contra los inspectores del puerto de Belfast, obligados a ausentarse durante varios días de sus puestos.

Graves tensiones

Los problemas en los suministros a los supermercados desde el 1 de enero, tras el fin del período de transición del Brexit, han provocado graves tensiones sociales. Los unionistas alegan que el Protocolo -creado para evitar la vuelta a una frontera dura en la isla- ha levantado de hecho una “aduana interior” entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido.

La ministra principal Arlene Foster, líder del Partido Democrático Unionista (DUP), ha decidido de hecho llevar al Protocolo de Irlanda a los tribunales por considerar que viola tanto el Acuerdo de Paz de 1998 como el Acta de Unión del 1800. Foster fue duramente criticada la semana pasada por celebrar una reunión con el Consejo de Comunidades Lealistas y “legitimar” de alguna manera a las milicias.

El DUP ha experimentado una notable caída tras el Brexit, y el máximo beneficiario ha sido la Voz Tradicional Unionista (TUV), surgida como una escisión al estilo Vox en el 2007. Su líder es desde entonces Jim Allister y ha superado el 10% en las últimas encuestas, sacando el máximo partido al descontento social. El Partido Unionista el Ulster (UUP) de Steve Aliken ha endurecido también su línea y se ha adherido a las acciones legales contra el Protocolo.

Queda una última fuerza política, el Partido Progresista Unionista (PUP), sin representación parlamentaria y vinculada históricamente a las milicias. Su portavoz John Kyle, concejal en Belfast, ha reconocido que es “prematuro” interpretar el significado de la carta y lo que realmente significa “abandonar la no violencia”.

La carta de las milicias unionistas -dirigida también al primer ministro irlandés Micheál Martin- advierte que la oposición al Protocolo de Irlanda debe ser “pacífica y democrática”. Aun así, recalca la “retirada del apoyo al Acuerdo del Belfast” (también conocido como Acuerdo del Viernes Santo) hasta que se enmiende el protocolo y se reconozcan los plenos derechos de los norirlandeses “como ciudadanos del Reino Unido”.

“El Protocolo no es negociable”

La misiva se interpreta como una triple advertencia -a Londres, Dublín y Bruselas- más que como una amenaza directa de acciones violentas. Pese a las tensiones sociales, las pintadas en Belfast y las patrullas ocasionales de milicianos unionistas, los analistas advierten que no han habido manifestaciones ni movilizaciones sociales por la falta de suministros en los supermercados y en las farmacias y por el inevitable retraso en el envío de paquetes desde la entrada efectiva del Brexit.

La ofensiva unionista ha coincidido en cualquier caso con la decisión unilateral del Gobierno británico de extender el “período de gracia”, que expiraba en abril, para poner en marcha todos los controles previstos por el Protocolo para la entrada de mercancías de Gran Bretaña con destino a Irlanda del Norte. La decisión de Londres ha creado un profundo malestar tanto en Bruselas como en Dublín.

El “premier” Boris Johnson quitó pólvora a la decisión unilateral del Reino Unido de extender unilateralmente el “período de gracia” en Irlanda del Norte alegando que se trata de “medidas temporales y técnicas”. “Vamos a asegurarnos de que no hay barreras en el Mar de Irlanda”, dijo. “Y estoy seguro de que con sentido común seguiremos hablando con nuestros amigos europeos y encontrando las soluciones”.

“El Protocolo no es negociable”, ha recalcado por su parte la líder de Sinn Fein Mary Lou McDonald, que ha acusado a los unionistas de agitar la tensión social. “El Protocolo es la garantía de que no habrá una vuelta a la frontera dura en Irlanda. Lo que sí se puede es llegar a una manera pragmática, y siempre pactada, de encontrar soluciones a los problemas que están surgiendo para su puesta en marcha”.

La acción unilateral del Reino Unido se produce a los pocos días de la toma de posesión como ministro del Gabinete de David Frost, el ex jefe negociador del Reino Unido durante las negociaciones del Brexit. Frost había criticado internamente la falta de firmeza de su predecesor, Michael Gove, que hace dos semanas participó en la última reunión con el vicepresidente de la Comisión Europea Maros Sefcovic.

Según un portavoz de David Frost, el anuncio de la extensión del “período de gracia” en Irlanda del Norte (de abril a octubre) se comunicó oficialmente a Bruselas a principios de semana. “Se trata de una extensión por razones operativas, con precedentes en acuerdos comerciales internacionales, y totalmente consistentes con las obligaciones del Protocolo”.

En el Parlamento británico, el anuncio lo hizo directamente el secretario para Irlanda del Norte Brandon Lewis, el mismo que el otoño pasado comunicó sin tapujos la intención del Gobierno británico de violar las leyes internacionales “de un modo limitado y específico” (entonces por la Ley del Mercado Interno que Bruselas llevó a los tribunales).

“Vamos a tomar una serie de pasos temporales y operativos”, anticipó escuetamente Lewis al referirse al Protocolo de Irlanda. “La simple realidad es que necesitamos más tiempo para adaptarnos e implementar los nuevos requisitos, mientras continúan nuestras conversaciones con la UE”.

El embajador de la UE en el Reino Unido, João Vale de Almeida, recalcó tras la acción de Londres: “Tenemos un acuerdo y es la plena responsabilidad de la dos partes respetarlo. Es la práctica común en la diplomacia”.