Salvo sorpresa de última hora, Amy Coney Barrett se convertirá en juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos el jueves de la semana que viene, dando a la instancia judicial más alta de Estados Unidos -que podría compararse al Supremo y al Constitucional de España en un solo organismo- un decidido toque conservador. Barrett va a concluir este jueves su última jornada de comparecencias ante el Comité de Justicia del Senado, en el que los republicanos cuentan con 12 votos frente a 10 de la oposición demócrata, por lo que su nombramiento será aprobado. De ahí, el debate pasa al pleno del Senado, el viernes 23. En el Senado, los republicanos tienen 53 votos, frente a 47 de la oposición. Aunque dos senadoras de ese partido han declarado que votarán en contra o se abstendrán, todavía queda margen suficiente para que Barret salga adelante.

Así lo ha declarado este jueves el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, que ha declarado que “tenemos los votos”. El calendario establecido por McConnell deja la votación definitiva para la semana antes de las elecciones en las que los estadounidenses deberán elegir, además de al presidente, a 34 de los 100 senadores. Según las encuestas, es probable que la oposición demócrata pase a controlar la cámara, lo que, sin lugar a dudas, paralizaría la ratificación de Barrett. Aun así, los republicanos tendrían tiempo para ratificar a la juez hasta que se constituyera el nuevo Senado, en enero.

En todo caso, la ‘ratificación exprés’ de Barrett ha sido controvertida. Por un lado, y dada la tremenda influencia del Supremo en todos los aspectos de la vida de Estados Unidos -y en particular en áreas como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la pena de muerte o la tortura, que no están recogidos en leyes, sino en sentencias del tribunal-, los nombramientos del Supremo han sido tradicionalmente polémicos. A eso se ha sumado el hecho de que Barrett supone que los conservadores pasan a tener una mayoría de seis a tres en el organismo.

La importancia de la ratificación es tal que McConnell ha aplazado el debate sobre el segundo programa de estímulo económico por valor de unos 2,2 billones de dólares -alrededor de 1,9 billones de euros- para dar prioridad al nombramiento de la jueza, pese a las señales de que EEUU está volviendo a entrar en recesión debido al cierre de la actividad desencadenado por el coronavirus.

La cuestión es que, con los republicanos disfrutando de una sólida mayoría en el Senado, la oposición demócrata poco ha podido hacer aparte de ejercer el derecho al pataleo. El caso más evidente fue el de la candidata a la vicepresidencia, Kamala Harris, que forma parte del Comité de Justicia del Senado, y que concluyó su intervención el miércoles en las audiencias de Barrett afirmando que “este proceso carece de legitimidad a los ojos de nuestra opinión pública”.