Aluvión de ‘multas verdes’ en Baleares: Armengol amenaza con sanciones de 300.000 euros a 651 empresas por la gestión de sus residuos

El Gobierno balear aprieta a la industria para que refuerce sus sistemas de tratamiento de residuos y avance en la economía circular. La Dirección General de Residuos del Ejecutivo que preside Francina Armengol (PSOE) ha mandado un total de 651 cartas a distintas empresas en las que les avisa de que la nueva legislación autonómica que entró en vigor en las Islas el pasado mes de marzo les obliga a cambiar sus procesos de tratamiento actual de envases comerciales e industriales para externalizarlos a un gestor independiente que gestione su reutilización. En caso de no hacerlo, las compañías podrán ser sancionadas con multas que pueden llegar a los 300.000 euros.

La medida ha caído como un jarro de agua fría sobre la industria en un momento clave para la recuperación económica tras el golpe sufrido por la pandemia. En primer lugar porque la directiva europea que obliga a llevar a cabo este profundo cambio no entra en vigor hasta 2025, y por ahora sus principales directrices no han sido traspuestas a la legislación nacional española. En segundo lugar, añaden, porque en estos momentos no hay un gestor de residuos autorizado para encargarse del tratamiento de residuos industriales y comerciales, por lo que tendrían que ser las propias compañías las que se encargaran de su supervisión y control de forma individualizada.

La denominada ‘ley antiplásticos’ del Govern (la Ley balear de Residuos de 2019) acaba con la exención que tenían reconocida hasta ahora estas empresas para hacerse cargo de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP). Esta norma traslada a los fabricantes el coste de los residuos que ponen en el mercado con el objetivo de fomentar su reutilización. Lo más sencillo para las empresas es pagar una tasa y que sea un Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor(SCRAP) sin ánimo de lucro como Ecoembes o Ecovidrio quienes se encarguen de esta tarea. La ley nacional vigente data de 2011 y mantiene exenta a la industria, pero esto se rompe en el mercado balear.

La industria denuncia que su problema es que no hay un SCRAP específico para encargarse de este trabajo y tendrán que ser las compañías las que pongan en marcha sistemas propios, con el consiguiente problema de gestión. Por este motivo, las empresas están trabajando en el seno de CEOE para intentar frenar la norma hasta que entre en vigor una ley nacional que respete la unidad de mercado.

Algunos empresarios históricos del sector consultados por este diario han criticado la falta de flexibilidad a la hora de desarrollar la ley, especialmente en un escenario de fuerte contracción económica e incertidumbre como el que vive en estos momentos la comunidad autónoma balear. “No es un tema de dinero. Si fuera sólo pagar una tasa, muchos lo harían encantados porque te ahorras ese trabajo de gestión. El cambio es más profundo y se trata de una competencia estatal, ya que muchas empresas no pueden supervisar individualmente productos que pueden acabar en la otra punta del país”, explican en una compañía.

La ley de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears fue aprobada en 2019 y entró en vigor el pasado 20 de marzo. Baleares se convirtió en un campo de pruebas de una ley pionera en España y encaminada a eliminar la comercialización de plásticos de un solo uso, con mayores restricciones que las previstas por la Unión Europea.

La ley está en la esfera de competencias de la consejería balear de Medio Ambiente, actualmente en manos de los socios ecosoberanistas del PSOE en las Islas, el partido Més per Mallorca. Desde el Govern sostienen que la legislación avala sus exigencias al sector y que han venido informando dentro de los plazos previstos.

De momento, la ejecución de la ley avanza lentamente. Sus efectos sobre la disminución de los plásticos de un solo uso se notan en el comercio y en la restauración pero siguen todavía teniendo un alcance limitado en otras áreas.