“Es polémico hablar de centralizar la Sanidad, pero el Ministerio debe reforzar su papel de coordinador”

Si hay un tema difícil de tratar en Sanidad es el de cuestionar las transferencias de las competencias sanitarias a las comunidades autónomas. Que nadie se ponga nervioso. Hay voces cualificadas de todo el espectro ideológico que con otras palabras admiten que algo hay que hacer.

Y hay quienes tienen la libertad para pensar el modelo actual de manera abierta y constructiva, y uno de ellos es Luis Sarrato (Pamplona, 1980), licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, doctor en Derecho por la Universidad de Lérida, juez de lo Contencioso-administrativo en comisión de servicios desde 2008 a 2015, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Pública de Navarra, con despacho propio y, desde hace un mes coordinador del Máster de Derecho Sanitario de la UNIR.

Sarrato parte de entender que los problemas sanitarios de las comunidades autónomas son prácticamente los mismos y, por tanto, considera esencial elaborar respuestas a esos problemas que sean “consensuadas, programadas y coordinadas”.

“No puede ser que ante un mismo problema existan 17 maneras diferentes de afrontarlo, tantas como comunidades autónomas. Al fin y al cabo, quien sufre y padece es el ciudadano en su condición de paciente”, afirma.

Usted es consciente de los enemigos que se puede crear al cuestionar la descentralización de la Sanidad.Sí, es un tema polémico. Pero no se trata de decidir entre centralidad absoluta o descentralización total. Al final, el Estado debe sentar unas bases que sean las mismas para todas las comunidades autónomas, dejando, a la vez, un margen de desarrollo legislativo a cada autonomía. Lo que no está bien y no funciona es ceder todas las competencias a las comunidades autónomas, porque te conviertes en 17 soluciones diferentes, donde la coordinación que haces, como Estado central, es mínima. ¿No cree que se hizo un importante esfuerzo de coordinación en la respuesta a la pandemia?Sí, efectivamente, durante la pandemia estuvo muy bien, con reuniones continuas y seguidas dentro del Consejo Interterritorial en las que hubo un seguimiento y se trató de homogeneizar la respuesta ante el virus. Pero eso fue una situación concreta, coyuntural. No está ocurriendo así con otros problemas actuales.

¿Por ejemplo?Pues, ahora, con el problema que tenemos en torno al personal sanitario, la fuga de profesionales, la precariedad laboral, los contratos que tienen poca duración, las malas condiciones de trabajo que no permiten que se preste un servicio sanitario de calidad… La respuesta a estos problemas debería hacerse con criterios y decisiones centralizadas para que las comunidades tuvieran el mismo marco de referencia. Otro problema común a todas regiones son las reclamaciones sanitarias derivadas de las decisiones adoptadas en la pandemia. Se habló de un tsunami de demandas, pero, ¿no cree que se ha diluido? Sí, todo el tema de la responsabilidad patrimonial de la Administración por el Covid es cierto que se ha diluido. Aunque una parte ha tenido un reflejo en la anulación del Tribunal Constitucional de lo que fue la declaración del Estado de Alarma. Por tanto, lo que tenía que ver con las sanciones relacionadas con esa declaración quedaron anuladas: como la de no llevar mascarillas, las impuestas por saltarse el confinamiento…Pero, desde el punto de vista de la responsabilidad, efectivamente el aluvión de demandas ha quedado diluido. Y es que, al final, el razonamiento que ha imperado es el de reconocer que en la situación de emergencia que existía no era exigible a la Administración cumplir con los estándares de calidad asistencial o de disponibilidad de medios que se pueden reclamar de manera normal, porque existía una gran incertidumbre y el entorno era muy complicado. Digamos que se ha reconocido una ruptura del nexo causal entre la actuación sanitaria y el daño por esa situación de emergencia. De todos modos, los procesos de reclamaciones son lentos y existen procedimientos en curso a los que todavía no se ha dado respuesta. ¿Faltan profesionales que conozcan bien el Derecho Sanitario?Sí, hacen falta un mejor conocimiento del Derecho Sanitario. Con la pandemia comenzamos a tomar conciencia de la importancia de los derechos de los pacientes, porque efectivamente, se hicieron cosas, como los confinamientos, que se dejaron al criterio del juez de turno, sin un razonamiento homogéneo. Las medidas restrictivas de la libertad durante el confinamiento fueron desacertadas. Y se ha visto que se dictaron al amparo de un Estado de Alarma que ha sido declarado inconstitucional. Con esto no digo que no se tuvieran que adoptar, pero había que haberlo hecho de otra manera. Es el problema de tomar decisiones públicas en un entorno de incertidumbre científica.Se habló mucho de la necesidad de una ley de pandemias, pero parece algo totalmente olvidado yaSí, quedó en agua de borrajas porque, realmente, ya hay normativa antigua y lo que se necesita es actualizarla. Por ejemplo, la ley Salud Pública de 2011 donde ya figura la famosa creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. Es una ley incompleta y que remite mucho a su desarrollo posterior, que no se hizo. Se ha necesitado una pandemia para desarrollar la ley.
Luego también tenemos la ley del 86 de medidas especiales en materia de salud pública y la ley que Estados de Alarma, Excepción y Sitio. Es un marco normativo diverso en todos sentidos, pues responden a momentos de aprobación muy distintos. De todos modos, siempre habrá vacíos legales, pero para eso está la posibilidad de aprobar decreto y reglamentos. Ahora, claro, también hay que acertar en la aprobación de estos decretos.¿Cree que no hubo acierto en la normativa que se fue generando a propósito del Covid?Bueno, hubo muchísimo caos normativo, porque esos reglamentos y decretos se fueron dictando de una manera muy seguida y poco concordante. Porque, claro, son normas muy diferentes.
Entiendo que legislar en un contexto de pandemia es difícil, pero, si vas a hacer las cosas, las tienes que hacer bien. Y es que podemos decir que en el tema de la suspensión de los plazos administrativos hubo un caos brutal y una inseguridad jurídica brutal.