Ribera dobla la presión sobre las petroleras para que introduzcan biocarburantes en el surtidor
El Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera dobla su presión sobre las petroleras para que introduzcan más biocarburantes en el combustible que venden a sus clientes y contribuyan a impulsar la transición ecológica en el sector del transporte.
La Secretaría de Estado de Energía, Sara Aagesen, ha optado por duplicar el coste de la ‘sanción’ que los grupos tienen que afrontar si no cumplen con la cuota de carburantes ‘verdes’ del 10% exigida a partir del próximo 1 de enero. La medida busca frenar el fraude desatado en el sector y la práctica de varios operadores petrolíferos que preferían hacer frente a esta multa antes que introducir la gasolina de origen renovable. Esto les daba una ventaja competitiva de entre cinco y seis céntimos por litro, tal y como denuncian en la patronal petrolera AOP, de la que forman parte grupos como Repsol, Cepsa o BP.
La respuesta del Gobierno hace frente solo a una parte del problema, pero deja fuera lo realmente importante: la veintena de empresas que no introduce en España los biocarburantes al ritmo que pide Ribera no llegan nunca a pagar la “compensación” obligatoria que deberían afrontar por no hacerlo, y esto ha generado en los últimos cinco años un agujero para el Estado de 193 millones de euros, tal y como publicó EL MUNDO.
Las grandes petroleras reclaman que se instauren garantías financieras a las empresas que operen en la distribución mayorista de carburantes, de tal forma que si no cumplen el objetivo de biocarburantes sí puedan afrontar el pago a la Administración. Sin embargo, el Ministerio de Economía que dirige Nadia Calviño es reticente a la medida al considerar que esto supondría restricciones a la competencia en un mercado que aún está fuertemente dominado por un grupo reducido de compañías.
A partir del 1 de enero, las compañías que no puedan introducir un 10% de biocarburantes en sus productos tendrán que hacer frente a un pago compensatorio de 1.623 euros por tonelada, frente a los 763 euros actuales. “Esta revisión se considera necesaria a la vista de la evolución al alza del diferencial entre las cotizaciones de los biocarburantes y las de los carburantes fósiles sustitutivos en los últimos meses. Este diferencial podría suponer un incentivo para la realización de pagos compensatorios por parte de los sujetos obligados hasta el porcentaje máximo de las obligaciones que pueden cumplirse mediante el uso de este mecanismo de flexibilidad, en detrimento de la venta o consumo de biocarburantes para cumplir los objetivos regulados”, señala Transición Ecológica en una resolución firmada por Aagesen.