Cuando al final de año la cifra de fallecidos por la Covid-19 alcanza en España los 50.000, la otra pandemia ya supera esa cifra. Me estoy refiriendo a esas personas anónimas, amigas, vecinas o pacientes que nos han dejado este año por haber cometido el error de empezar a fumar y a quienes me resisto a relegar a un número en la estadística de la mortalidad tabáquica. Ambas pandemias con diferente grado de conciencia social convergen en la recta final de este odiado 2020.
El próximo día 2 de enero de 2021 cumplirá 10 años la llamada Ley Antitabaco, aquella que prohibió fumar en los bares. En un balance rápido diremos que pronto cerró la boca a quienes vaticinaban la ruina del sector hostelero. Además de sus logros epidemiológicos, como la evidente disminución de los ingresos hospitalarios por crisis coronarias y asma, también hemos gozado de la mejora de la calidad ambiental de los espacios hosteleros en un 95%. Pero, si algo nos ha aportado esta Ley es una cultura del respeto que ha sido mayoritariamente respaldada por la gente. Esa ciudadanía fumadora y no fumadora que es la que día a día hace que la norma se cumpla y nos eduque en su cumplimiento. La misma ciudadanía que protestó en 2012 ante la amenaza de la cacicada involucionista del casino Eurovegas, es la que hace respetar los espacios sin humo pese a la notoria pasividad de la administración estatal y autonómica. Mediada la década, los buenos augurios iniciales de esta Ley quedaron en agua de borrajas cuando tras la Directiva Europea de Tabaco de 2014, el gobierno de turno la relegó al olvido hasta el extremo de transponerla con un año de retraso sobre el plazo legal, sin acometer reforma alguna. Oportunidad que sí aprovecharon nuestros vecinos franceses y británicos. Allí, el precio del tabaco superó los 10 euros, más del doble de lo que cuesta una cajetilla de Marlboro en España. Francia y Reino Unido son dos de los 18 países del mundo que apuestan por un paquete neutro de tabaco igual para todas las marcas y de color verde kaki, en vez de los colorines a los que aquí la industria nos tiene acostumbrados. Entenderéis por qué es tan fácil para nuestros menores el acceder al tabaco y al alcohol en España.
Es justo reconocer los programas de financiación de los tratamientos para dejar de fumar impulsados durante este año desde el propio Ministerio de Sanidad y las autonomías. Ningún otro avance más en 10 años aparte de la Ley de Adicciones del País Vasco, que en 2016 equiparó los cigarrillos electrónicos y productos relacionados al tabaco convencional, cosa que ha posibilitado a la población vasca el acceso a bares sin vapeo además de a los estadios sin humo.
Las ventas repuntan
La realidad actual es la que es: las ventas de tabaco repuntan en España tras 10 años de caídas. Una cuarta parte de la población española continúa fumando incluso con menos ganas de dejarlo que antes, y lo más preocupante, la industria continúa reclutando a nuestros menores, quienes además de tener a mano el tabaco más barato de Europa, siguen expuestos a los continuos incentivos al consumo que le llegan desde los influencers de Internet, desde las promociones en los puntos de venta y desde el fácil acceso al estanco y a las máquinas expendedoras. Y para colmo, una nueva puerta se les abre a través de los porros y el cannabis. Así, la industria del tabaco sigue asegurándose el relevo joven de los que mueren por la causa. Si sumamos a esto el impacto medioambiental de los más de 66.000.000 de colillas que todos los días se tiran al suelo en España, el futuro pinta mal.
La ley de tabaco es uno de esos trenes que vemos llenos de grafitis en las vías muertas de las estaciones, esperando a que alguien lo arranque. El Ministro Illa antes de irse, nos anuncia un próximo endurecimiento. No es cuestión de blandura o dureza y sí de que el Ministerio y la sociedad sepamos el destino y el horario de ese tren. Finlandia y demás países que impulsan la estrategia ENDGAME han puesto fecha de caducidad al tabaco para el año 2030. No es ninguna utopía plantearlo. La falacia es dejar que los estados continúen lucrándose de un producto que es incompatible con derechos fundamentales como el derecho a la Salud, a la Infancia o al medio ambiente. No retrasemos la salida del convoy, es ahora, en plena pandemia de Covid 19, el momento de ponerlo en marcha. ‘The Lancet’ en una reciente editorial ve en el coronavirus la gran oportunidad de acabar con la Industria del Tabaco, precisamente para impulsar la recuperación de una crisis para la que el tabaco es uno de sus mayores lastres: “… parar los pies a una industria que genera enfermedad y pobreza pero que sigue apareciendo como el bueno de la película que regala mascarillas o fabrica vacunas”. Establecer perímetros de seguridad de 10 metros para fumar y vapear, o las terrazas sin humo son además de medidas de impacto anti-Covid, la mejor oportunidad para desnormalizar el tabaco en un momento en que la población entiende que pese a todos los esfuerzos, no logramos reducir las tasas de contagio en un sistema sanitario sobrecargado, sustentado por el colectivo sanitario que se encuentra al límite físico y psicológico.
Ese tren no arrancará sin una decidida convicción política y una hoja de ruta que le dé vía libre y velocidad. Francia viene desarrollando un ambicioso plan económico en el que los impuestos del tabaco no los pagan únicamente las personas fumadoras sino que es la propia industria del tabaco quien mediante un gravamen fiscal aporta parte de su lucro a la financiación del “Fondo de lucha contra el tabaco”; pura lógica del “quien mata paga”. Es inaceptable que la Mesa del Tabaco alardee de que su mortífero producto aporta 9.000 millones de euros a las arcas del Estado cuando el daño y los costos directos e indirectos que generan a nuestra sociedad duplican esa cifra.
Ya es hora de que el negocio se ponga por detrás de los derechos humanos. Ya es hora de que arranque el tren de la nueva Ley de Tabaco. Próxima estación Endgame.
Joseba Zabala Galán, médico de Salud Pública y coordinador de la Iniciativa Ciudadana XQNS para la mejora de la Ley de Tabaco.